Presunto apoyo del Gobierno de Petro favoreció la permanencia del régimen de Maduro, según informe
Una investigación del Miranda Center for Democracy sostiene que el silencio de Gustavo Petro tras las elecciones venezolanas de 2024, la abstención de Colombia en la OEA y su apuesta por la mediación diplomática contribuyeron a disminuir los costos internacionales del fraude electoral que permitió a Nicolás Maduro mantenerse en el poder.
El estudio identifica intereses ideológicos, energéticos y relacionados con la política de "Paz Total" detrás de la posición de Bogotá.
La abstención de Colombia en una votación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el silencio de Gustavo Petro durante los dos días posteriores a las elecciones venezolanas de 2024 y la insistencia de su gobierno en promover una salida negociada a la crisis fueron algunas de las decisiones que contribuyeron a reducir la presión internacional sobre Nicolás Maduro. Esa es la principal conclusión de un informe del Miranda Center for Democracy, titulado El blanqueamiento de la legitimidad de Maduro.
La investigación examina la política del gobierno colombiano frente a Venezuela desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 2022 hasta la captura de Maduro, el 3 de enero de 2026. Su argumento central es que las decisiones de Bogotá, especialmente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, terminaron favoreciendo la permanencia del mandatario venezolano, pese a las evidencias electorales que cuestionaban su proclamada victoria.
Uno de los episodios más significativos ocurrió el 31 de julio de 2024. Ese día, el Consejo Permanente de la OEA sometió a votación una resolución que exigía al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela publicar los resultados desglosados por mesa de votación.
La iniciativa necesitaba 18 votos para ser aprobada, pero obtuvo 17. Colombia y Brasil se abstuvieron, mientras México estuvo ausente. De acuerdo con el informe, el voto favorable de cualquiera de los dos países que se abstuvieron habría sido suficiente para alcanzar la mayoría necesaria.
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La decisión tuvo lugar después de que la oposición venezolana publicara copias de las actas electorales que había recopilado durante los comicios. Esos documentos mostraban aproximadamente un 67 % de los votos para Edmundo González Urrutia y un 30 % para Maduro, en contraste con el 51,2 % que el organismo electoral venezolano había atribuido al mandatario.
La misión de observación electoral de la OEA también había cuestionado la credibilidad de los resultados oficiales y advertido que no debían recibir reconocimiento democrático.
Para el Miranda Center, la abstención colombiana representó una oportunidad perdida para aumentar la presión diplomática sobre Caracas en uno de los momentos más importantes de la crisis.
Dos días de silencio
La reacción de Petro también es objeto de cuestionamiento en el estudio. Mientras el presidente chileno Gabriel Boric manifestó sus dudas sobre los resultados pocos minutos después del anuncio electoral, el mandatario colombiano tardó aproximadamente 55 horas en pronunciarse públicamente.
El 29 de julio, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo había solicitado el conteo total de los votos, su verificación y una auditoría independiente. Sin embargo, la primera declaración personal de Petro llegó el 31 de julio y estuvo centrada principalmente en los riesgos de polarización y violencia.
El informe señala que el presidente colombiano priorizó los llamados al diálogo y a la moderación por encima de una exigencia concreta de publicación y verificación de las actas.
Esta orientación también se reflejó en los comunicados conjuntos que Colombia emitió con Brasil y México durante agosto de 2024. En el primero, publicado el 1 de agosto, los tres gobiernos solicitaron divulgar los datos desglosados por mesa de votación.
Una semana después, el lenguaje diplomático cambió. El comunicado del 8 de agosto insistió en la conveniencia de una verificación imparcial, pidió moderación a los actores políticos y sociales y reiteró que la solución debía surgir del diálogo entre los venezolanos.
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El 16 de agosto, Colombia se sumó al consenso de una nueva resolución de la OEA que solicitaba publicar las actas electorales. Sin embargo, para entonces ya habían transcurrido más de dos semanas desde el fracaso de la primera votación.
El estudio cuestiona que los llamados a la moderación se dirigieran a los actores políticos y sociales sin incluir expresamente a las fuerzas de seguridad, después de que más de 2.000 personas hubieran sido detenidas durante la primera semana de protestas, según cifras de las propias autoridades venezolanas.
Tres intereses detrás de la relación con Maduro
Más allá de las decisiones adoptadas después de las elecciones, la investigación identifica tres factores que, a su juicio, ayudan a explicar la posición de Petro frente al gobierno venezolano: la afinidad ideológica, los intereses energéticos y la política de Paz Total.
El primero tiene que ver con la cercanía política del mandatario colombiano con el proyecto chavista. Antes de llegar a la Presidencia, Petro había expresado públicamente su admiración por Hugo Chávez. Durante su gobierno también atribuyó buena parte de la crisis económica venezolana y de la migración a las sanciones internacionales impuestas contra Caracas.
El segundo factor corresponde a la agenda energética. En noviembre de 2023, Petro anunció la posibilidad de establecer una asociación entre Ecopetrol y la estatal venezolana PDVSA para desarrollar proyectos de petróleo y gas. Aunque posteriormente aclaró que Colombia no realizaría actividades de exploración en territorio venezolano, dejó abierta la posibilidad de participar en proyectos de producción comercial.
Venezuela fue uno de los países garantes de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Al mismo tiempo, su territorio funcionaba como retaguardia para integrantes de organizaciones armadas colombianas.
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Según cifras de inteligencia militar citadas en el documento, en 2024 había 1.276 integrantes del ELN en Venezuela, de un total estimado de 6.158 miembros de esa organización.
Para los investigadores, esta doble condición otorgaba a Maduro capacidad de influencia sobre los grupos armados con los que negociaba Petro. Una confrontación diplomática con Caracas por las elecciones podía poner en riesgo una de las principales apuestas de política interna del mandatario colombiano.
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