Gobierno, a responder en el Senado por operaciones de exmilitares mercenarios

En la plenaria del Senado el alto gobierno deberá responder por la intervención de exmilitares colombianos en operaciones mercenarias en el mundo y, en particular, en Haití tras el asesinato de su presidente.

En tal sentido el senador Iván Cepeda, Polo Democrático, tramitó la citación a los ministros de Defensa Nacional, Diego Molano; Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez y al superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Orlando Alfonso Clavijo, para que informen las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para prevenir la participación de militares colombianos retirados en actividades mercenarias en el exterior.

Cepeda manifestó además que “enviaré solicitud formal al presidente Iván Duque, para que el gobierno colombiano pida oficialmente perdón al pueblo haitiano por la participación de mercenarios nacionales en el asesinato del presidente Jovenel Moïse”.

El senador opositor Cepeda presentó tres cuestionarios para que los ministros y el superintendente respondan con relación a cada uno de los 24 militares retirados que habrían participado en ese magnicidio.

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“Los cuestionarios buscan esclarecer qué medidas ha adoptado el Estado colombiano para prevenir el reclutamiento, utilización y financiamiento de militares retirados como mercenarios, y su contratación por empresas extranjeras para realizar operaciones que puedan atentar contra la soberanía de otros Estados”, indicó Cepeda.

Al ministro de la Defensa, Cepeda le preguntará al ministro Diego Molano si “los mercenarios colombianos tuvieron vínculo laboral o de cátedra con la Escuela Superior de Guerra en Colombia, o si adelantaron cursos o capacitaciones en esa institución”.

La ministra de Relaciones Exteriores deberá informar acerca de los actos de cooperación judicial internacional realizados por el Estado colombiano, en relación con los hechos ocurridos en Puerto Príncipe, el pasado 7 de julio.

También tendrá que explicar por qué el Estado colombiano no se ha adherido a la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989.

Por ahora la mesa directiva del Senado no ha fijado la fecha para el debate.