CIDH estudiará la responsabilidad del Estado por el asesinato de Jaime Garzón

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, admitió estudiar el proceso del asesinato de Jaime Garzón ocurrido el 13 de agosto 1999 en Bogotá.

Después de 23 años del homicidio y luego de 11 años de analizar el caso, la CIDH aceptó la petición hecha por la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

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Estas dos organizaciones han insistido en que debe establecerse la responsabilidad del Estado en el crimen de Jaime Garzón.

«Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos notificó a los familiares y organizaciones acompañantes, la admisibilidad de la petición presentada ante la comisión en el año 2011», aseguró Jomary Ortegón Osorio, presidenta del colectivo José Alvear Restrepo.

Foto: Colprensa

Reacción de la familia de Jaime Garzón

Ante esta noticia, Marisol Garzón, hermana de Jaime Garzón aseguró que «como familia recibimos muy bien esta noticia, nos alegra mucho por qué en 23 años que hemos estado buscando la verdad y especialmente la justicia, no ha habido nada”.

“Realmente no estamos satisfechos con lo que ha hecho el Gobierno y con lo que se ha hecho desde la Fiscalía, las investigaciones no han arrojado ningún resultado que no satisfaga como familia», recalcó la hermana del recordado periodista.

#LoÚltimo🌷 Homicidio del periodista crítico Jaime Garzón llega a la @CIDH «Las organizaciones y las víctimas, celebramos la llegada del caso a esta instancia internacional como un paso importante para el restablecimiento de los derechos vulnerados»https://t.co/Ujb4ghowtt pic.twitter.com/Y44uccF42a

— ColectivoDeAbogad@s (@Ccajar) September 26, 2022

Por último, el documento de la CIDH indica que, a pesar de haber investigaciones penales y decisiones administrativa, han pasado 23 años del asesinato sin que se haya identificado, investigado ni juzgado a todos los responsables del crimen.

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«Esta carga debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, y no como una gestión de intereses de particulares o que dependa de la iniciativa de estos ni de la aportación de pruebas por parte de las víctimas», agregó la CIDH.