Justicia en Cartagena: 33 años de cárcel a patrullero por matar a futbolista de 17 años

Condenan a más de 33 años de cárcel a patrullero por el asesinato de un futbolista de 17 años en Cartagena. El crimen ocurrió en 2020, informó la Fiscalía.
Condena a patrullero. / Fotos: Rama Judicial y Policía Nacional.
Foto: Condena a patrullero. / Fotos: Rama Judicial y Policía Nacional.

Este 2 de mayo, el Tribunal Superior de Cartagena confirmó en segunda instancia la condena contra Porras Vides, dejando en firme una pena de 33 años y cuatro meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y falsedad ideológica en documento público.

Esta ratificación se da en el caso que empezó el pasado el 24 de agosto de 2020, en el barrio San Francisco de Cartagena, un procedimiento policial terminó en tragedia. El patrullero Octavio Darío Porras Vides llegó a un lavadero de carros del sector y agredió físicamente a un joven futbolista de 17 años, luego de que este no le suministrara información precisa sobre los horarios del establecimiento.

Ante la agresión, el menor intentó huir para evitar nuevos ataques. Sin embargo, fue perseguido por el uniformado, quien le disparó en el abdomen con su arma de dotación. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció a causa de la gravedad de la herida.

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Ratificación de la condena

De acuerdo con la decisión judicial, la Fiscalía General de la Nación logró demostrar la responsabilidad del patrullero tanto en el crimen como en las acciones posteriores para alterar la versión oficial de los hechos.

La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, evidenció que tras el homicidio el uniformado participó en la modificación de informes oficiales para hacer creer que el joven pertenecía a una pandilla y que había atacado a la Policía con un arma artesanal.

No obstante, los análisis balísticos y las verificaciones técnicas desvirtuaron esta versión, al establecer que la víctima no portaba ningún arma y que el objeto presentado no tenía capacidad de disparo.

El caso fue considerado por las autoridades como un ejemplo de uso desproporcionado de la fuerza y de intentos de encubrimiento institucional tras los hechos.


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