Ley de Seguridad Ciudadana: 10 claves para entender la nueva norma

El presidente Iván Duque sancionó la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que pasó con varias polémicas en el Congreso por los instrumentos jurídicos y recursos económicos que se usarán desde hoy para contrarrestar la delincuencia, especialmente en las ciudades principales del país.

Uno de esos puntos es que, quien asesine a un miembro de la Fuerza Pública, a un defensor de derechos humanos, a un menor de edad o a un periodista podrá recibir la pena más alta que contempla la ley colombiana para este delito: hasta 58,3 años de prisión.

La Ley de Seguridad Ciudadana, cuya aprobación fue impulsada por los Ministerios de Justicia, del Interior y de Defensa, contiene reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Código de Extinción de Dominio.

Presidente Duque sanciona leyes de reforma policial

Por su lado, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, calificó la norma como un “gran logro para los colombianos”, al indicar que es una “Ley que es garantista de los derechos y libertades de los ciudadanos, pero, a la vez, implacable contra la delincuencia. Quienes no pueden estar tranquilos con la nueva norma son los delincuentes, porque los perseguiremos para combatir la inseguridad que tanto está afectando al ciudadano”.

10 puntos clave de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana

1. La reincidencia se paga; la pena será más grave para quienes en los últimos 5 años hayan sido condenados por delitos dolosos.
2. Quien asesine un miembro de la Fuerza Pública, defensor de derechos humanos, menor de edad o periodista tendrá la pena más alta que contempla la ley colombiana: de 58,3 años de prisión.
3. Será un delito el porte de arma blanca en evento masivo.
4. Se agravan las penas para quien atente contra la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana y la administración de justicia.
5. Aparece la Legítima Defensa Privilegiada, la cual se deberá presumir cuando la víctima se defiende contra quien irrumpe de manera ilegal su habitación o vehículo.
6. Es un peligro para la sociedad y, en consecuencia, será sujeto de medida de aseguramiento intramural quien cometa delito con el uso de arma de fuego, arma blanca o elemento menos letal.
7. Los miembros de la Fuerza Pública podrán usar el sistema de transporte masivo cuando se encuentren en servicio activo.
8. Se reduce el monto de las multas por infracción al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
9. Quien hurte un bien de más de cuatro millones de pesos tendrá una condena no excarcelable.
10. Se podrán realizar Alianzas Público Privadas (APP) para la construcción y dotación de las cárceles del país.

El rechazo de la oposición

Una vez esta norma pasó con el visto bueno de las mayorías del Congreso, un grupo de parlamentarios opositores enviaron dos cartas, una a tres congresistas de Estados Unidos: Patrick Leahy, Jim McGovern y Alexandria Ocasio-Cortez. Y otra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Consejo de Estado ordena al Esmad capacitarse en derechos humanos

En las misivas alertan sobre la aplicación de esta ley que tildan como un mecanismo para atacar a la protesta social. «El texto aprobado por el Congreso establece la ‘legítima defensa privilegiada’, la cual legaliza el uso de la fuerza letal para defender el ‘derecho propio’, argumento utilizado ampliamente por un grupo de civiles armados que el pasado 28 de mayo de 2021 atacaron con armas de fuego a manifestantes en la ciudad de Cali, aduciendo su ‘legítima defensa'».

Con la reciente firma del presidente Duque, congresista anunciaron demandas contra la ley.

“Esta ley es abiertamente contraria a la Constitución de 1991, toda vez que criminaliza y persigue la protesta social que es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna y válida de manera ilegal la legítima defensa, que no es otra cosa que justicia por mano propia. Esta ley, además, contraría el principio democrático del monopolio de la fuerza en manos del Estado”, expresó el senador Antonio Sanguino.