Fracción de la oposición inicia trámites por referendo para revocar a Maduro

«El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este lunes tres solicitudes de inicio de procedimiento para una eventual activación de un referendo revocatorio» contra Maduro, informó el organismo en Twitter, que anuncia la próxima publicación de un cronograma para recolectar las más de cuatro millones de firmas necesarias para poner en marcha esta iniciativa.

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Se trata de 20% del Registro Electoral, requisito mínimo exigido por la ley para que proceda la petición de un referendo revocatorio. Ninguna de las tres solicitudes ha recibido aún el apoyo de los principales políticos opositores.

«Queremos, simplemente, que se cumpla Constitución», dijo más temprano a la prensa el abogado Nelson Chitty La Roche, miembro de la coalición Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) -conformada por media docena de pequeñas organizaciones políticas-, que presentó una de las solicitudes aprobadas por el CNE para comenzar el procedimiento.

La Constitución prevé que cualquier funcionario electo por voto popular puede ser removido de su cargo a través de un revocatorio, una vez cumplida la mitad de su período. Se requieren las firmas del 20% del Registro Electoral en un engorroso proceso. Después, en caso de que el referendo fuese convocado, el funcionario debe perder con más votos de los que recibió en su elección.

Intentos fallidos

Ya la oposición intentó sin éxito convocar en 2016 un revocatorio al primer mandato de Maduro, electo primero en 2013 tras la muerte de su mentor y padre político Hugo Chávez, y luego reelegido en 2018 en unos comicios que el grueso de la oposición tildó de «fraude» y que fueron desconocidos por la oposición, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.

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El proceso, entonces, fue bloqueado por el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista. El único revocatorio que ha prosperado lo enfrentó Chávez en 2004 y lo superó con una aplastante victoria de casi 20 puntos de ventaja. El CNE fue reestructurado el año pasado como fruto de una negociación que abrió espacio a autoridades próximas a la oposición, aunque el organismo sigue controlado por el chavismo.