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Colombia

Tribunal ordena medidas cautelares en el caso centros poblados-MinTIC

El monto del embargo, será por el valor del anticipo pagado a la Unión Temporal: 70.243.279.599 pesos.

mintic centros poblados
Foto: Ministerio TIC

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó medidas cautelares a la Unión Temporal Centros Poblados, en el marco de la investigación que se realiza por la suscripción del contrato con MinTic.

La decisión del Tribunal responde a la petición de la Procuraduría General, que presentó una acción popular el pasado 6 de septiembre, para que fuera devuelto el dinero del anticipo del contrato.

Según el documento del Ministerio Público se se generó un daño colectivo, específicamente contra los niños que necesitan el servicio de internet.

¿Qué se sabe del polémico contrato entre Centros Poblados y MinTIC?

El Ministerio Público solicitó declarar vulnerados:

  • Los derechos colectivos a la moralidad administrativa
  • La defensa del patrimonio público y el acceso al servicio esencial de internet
  • Prestación eficiente, continua y permanente con ocasión de las acciones y omisiones presentadas dentro de la licitación y el contrato.

La decisión

El Tribunal le dio la razón a la Procuraduría y en su decisión ordenaron que se levante el velo corporativo para determinar la identidad de los socios de las personas o que integran las sociedades o fundaciones que hacen parte de la Unión Temporal

Además ordenó el embargo de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDT, etc. que tengan Centros Poblados, los socios de los miembros y miembros que la integran la Fundación de Telecomuniaciones, Icm Ingenisros, Intec de la Costa  y Omega Bulding.

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El monto del embargo, será por el valor del anticipo pagado a la Unión Temporal, esto es: 70.243.279.599 pesos.

Además, el Tribunal pidió:

  • A todas las entidades financieras que funcionan en el país, que en el término de tres días, informen al Despacho, si procedieron a efectuar el embargo de las cuentas.
  • Se decretó el embargo de los bienes muebles e inmuebles, de rentas y derechos que llegasen a tener en otros contratos firmados con entidades públicas, cuentas pendientes por pagar y cobrar que tenga la UT, los socios y miembros que la integran.

Colprensa

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