Deudores de cuotas alimentarias podrían perder la posibilidad de renovar su licencia de conducción

Un proyecto de ley busca endurecer las medidas contra quienes incumplen el pago de la cuota alimentaria de sus hijos.
Deudores de cuotas alimentarias podrían perder la posibilidad de renovar su licencia de conducción

Incumplir con el pago de la cuota alimentaria de los hijos podría tener nuevas consecuencias en Colombia. Un proyecto de ley que avanza en el Congreso plantea imponer mayores restricciones a quienes adeudan estas obligaciones, entre ellas, impedirles renovar su licencia de conducción y limitar los trámites relacionados con sus vehículos.

La iniciativa, que ya recibió aprobación unánime en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, busca fortalecer los mecanismos para que padres y madres cumplan con las obligaciones económicas establecidas por un juez en favor de niños, niñas y adolescentes.

Uno de los principales puntos del proyecto está dirigido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), una herramienta creada para identificar a quienes acumulan incumplimientos en el pago de las cuotas alimentarias. La propuesta pretende que las consecuencias de figurar en este registro sean más efectivas y se traduzcan en mayores dificultades para quienes mantienen sus deudas.

El autor de la iniciativa, el congresista Miguel Ángel Pinto, cuestionó los bajos niveles de cumplimiento entre las personas reportadas. Según las cifras presentadas durante el debate, de los 1.738 deudores registrados, apenas 63 habían pagado o se encontraban pagando sus obligaciones.

Para Pinto, las medidas actuales no han sido suficientes para garantizar los derechos de los menores de edad. También advirtió sobre las dificultades de recurrir exclusivamente a sanciones penales, pues una persona privada de la libertad difícilmente puede generar ingresos para responder por las cuotas pendientes.

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¿Qué trámites podrían quedar restringidos?

Además de impedir la renovación de la licencia de conducción, el proyecto propone ampliar los controles a través del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

La intención es que los deudores alimentarios morosos también queden identificados en este sistema y encuentren restricciones para adelantar trámites mientras no se pongan al día con sus obligaciones.

Durante la discusión, el representante Daniel Felipe Bernal planteó que la medida contemple la posibilidad de recategorizar la licencia de conducción cuando el deudor comience a cumplir con sus pagos.

Su argumento es que una restricción demasiado amplia podría impedir que una persona pase de conducir un vehículo particular a uno de servicio público, por ejemplo, y con ello limitar sus posibilidades de conseguir ingresos para responder por la cuota alimentaria.

Proponen revisar si las sanciones realmente funcionan

Otro de los planteamientos surgidos en el debate fue establecer una evaluación de los resultados de la ley después de dos años de su eventual entrada en vigencia.

La propuesta, respaldada desde el Pacto Histórico, busca determinar si las nuevas restricciones consiguen reducir la morosidad y mejorar el cumplimiento de las obligaciones con los menores de edad.

La preocupación radica en que, pese a la existencia de mecanismos civiles, administrativos e incluso penales para exigir el pago de alimentos, el incumplimiento continúa siendo un problema en el país.

Por su parte, la representante conservadora Delcy Isaza propuso estudiar sanciones adicionales. Entre ellas, impedir que los deudores puedan contratar con el Estado o posesionarse en cargos públicos y de elección popular cuando acumulen tres cuotas alimentarias sin pagar.

Las cifras detrás del incumplimiento

Durante la discusión legislativa también se expusieron cifras relacionadas con las consecuencias penales de la inasistencia alimentaria. De acuerdo con los datos presentados por los ponentes, alrededor de 50 personas cumplen condenas en prisión por este delito, mientras que más de 1.000 tienen medidas de prisión domiciliaria.

Estas cifras reflejan las dificultades que enfrenta el sistema para conseguir que las obligaciones alimentarias se cumplan y que los menores reciban oportunamente los recursos necesarios para su manutención.

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¿La medida ya está vigente?

No. Aunque el proyecto superó su primer examen en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, todavía debe avanzar en los debates legislativos correspondientes antes de convertirse en ley de la República.

Por ahora, las restricciones adicionales planteadas, como la imposibilidad de renovar la licencia de conducción o adelantar determinados trámites ante el RUNT, no deben entenderse como sanciones nuevas que ya estén en aplicación.

El siguiente paso será su discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes. Si supera los debates restantes y recibe la correspondiente sanción presidencial, Colombia podría contar con nuevas herramientas para exigir el pago de las cuotas alimentarias.

Mientras tanto, quienes tienen obligaciones alimentarias fijadas por una autoridad judicial deben tener presente que su incumplimiento puede generar consecuencias legales y afectar directamente los derechos de sus hijos. La cuota alimentaria no es voluntaria: es una obligación cuyo cumplimiento busca garantizar el bienestar y el desarrollo de los menores de edad.


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