Pdte. Petro pide demandar al magistrado que frenó el traslado de ahorros de fondos privados a Colpensiones

El presidente Gustavo Petro anunció este lunes que pedirá una denuncia penal por prevaricato contra el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, tras el segundo auto de medida cautelar que suspendió provisionalmente los $5 billones restantes del Decreto 415 del 20 de abril de 2026.

"Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente", escribió el mandatario en X.

El prevaricato es un delito que se configura cuando un servidor público profiere una decisión manifiestamente contraria a la ley. La denuncia anunciada por Petro no tiene efectos sobre la decisión judicial, que permanece vigente hasta que el Consejo de Estado resuelva de fondo la demanda de nulidad.

El segundo auto y lo que suspende

Este lunes el magistrado Bedoya extendió la medida cautelar al tramo que faltaba: los $5 billones correspondientes a cerca de 20.000 afiliados que ya consolidaron su derecho pensional y cuyo traslado estaba programado para la próxima semana. Con este segundo auto, los efectos del Decreto 415 quedan suspendidos en su totalidad de manera provisional, mientras el Consejo de Estado estudia de fondo si debe anularlo.

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El primer auto, proferido el 28 de abril, había bloqueado los $20 billones correspondientes a unos 97.000 afiliados que se trasladaron a Colpensiones pero aún no han consolidado su derecho pensional. Ambas decisiones parten del mismo argumento jurídico central que dice que el Gobierno excedió su potestad reglamentaria al anticipar el traslado de recursos que la propia Ley 2381 de 2024 condicionaba al momento en que cada afiliado consolidara su pensión.

El decreto fue demandado inicialmente el 24 de abril por el ciudadano Jesús Hernando Baena Álvarez, y posteriormente se acumularon cuatro procesos adicionales. Los demandados son la Nación, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

"Un golpe de Estado contra el pueblo constituyente"

El presidente Petro rechazó la decisión del alto tribunal: "La Constitución de 1991 floreció en derechos para la gente. Un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad en anular los derechos de la gente que trabaja. Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de estado contra el pueblo constituyente y soberano".

El mandatario señaló directamente a dos grupos como beneficiarios de la decisión: "El Consejo de Estado no puede pretender, por salvar los dos banqueros dominantes de este país, Luis Carlos Sarmiento y el grupo empresarial antioqueño, dueños de Bancolombia y su fondo privado de pensiones, que se estafe al pueblo trabajador". Hizo además un llamado directo a la Corte Constitucional, que tiene en su poder el estudio de la reforma pensional: "La Corte Constitucional tiene la oportunidad histórica de dignificar la justicia colombiana".

Con el decreto suspendido provisionalmente en su totalidad, los $25 billones permanecerán en las cuentas de las AFP hasta que el Consejo de Estado resuelva de fondo si el Gobierno se extralimitó al expedir el decreto, o la Corte Constitucional se pronuncie sobre la reforma pensional que le dio origen.

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