Por primera vez en Colombia, un agente del Esmad irá a prisión por haber dejado ciega a una manifestante

El Juzgado 64 Penal de Bogotá impuso 84 meses de cárcel al patrullero Danilo José Núñez Zabaleta, responsable de la pérdida total de visión de Leidy Natalia Cadena Torres durante las manifestaciones del 28 de abril de 2021.
Por primera vez en Colombia, un agente del Esmad irá a prisión por haber dejado ciega a una manifestante

Este lunes 6 de abril quedará registrado como un hito en la jurisprudencia colombiana sobre el uso desproporcionado de la fuerza pública: por primera vez en la historia del país, un agente del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios, hoy conocido como UNDMO, fue condenado a prisión efectiva por haber causado la mutilación ocular permanente de una ciudadana en el marco de una protesta social.

El Juzgado 64 Penal del Circuito de Bogotá determinó que el patrullero Danilo José Núñez Zabaleta deberá pagar una pena de 84 meses, equivalentes a 7 años, en un centro carcelario, luego de ser hallado penalmente responsable del disparo que destruyó la visión de Leidy Natalia Cadena Torres, una joven de 22 años que participaba de las manifestaciones del Paro Nacional el 28 de abril de 2021.

Según estableció la jueza, el uniformado accionó su arma de dotación sin respetar los principios de legalidad y proporcionalidad que rigen el uso de la fuerza, siendo plenamente consciente de los daños que su acción podría ocasionar. Fue la reacción oportuna de un testigo presencial, quien logró registrar el número de placa del agente en el momento del disparo, la que permitió individualizar al responsable y sostener el proceso hasta su condena.

Núñez Zabaleta, quien hasta la fecha continuaba activo en la institución policial, no solo deberá cumplir la pena en reclusión: también se le impuso una inhabilidad de 7 años para ejercer funciones públicas y una multa equivalente a más de 24 salarios mínimos legales vigentes.

El caso de Leidy Natalia, quien debió abandonar Colombia junto a su familia tras recibir amenazas contra su vida luego de denunciar los hechos, se convierte así en un referente jurídico para decenas de víctimas de trauma ocular documentadas durante las jornadas del Paro Nacional. Organizaciones de derechos humanos han señalado que este fallo (el primero de su tipo— envía una señal inequívoca sobre los límites del Estado en el ejercicio del control de multitudes y la obligación de sancionar los excesos de sus agentes.

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Un fallo sin precedente, pero con antecedentes que revelan años de impunidad

La condena no llegó al vacío. Hubo casos anteriores contra agentes del Esmad, pero ninguno comparable por lesiones oculares permanentes. En 2007, el sindicalista Juan Carlos Martínez perdió su ojo izquierdo durante una protesta en Manizales tras recibir el impacto de un artefacto disparado con un truflay. El comandante del escuadrón, Libardo Fandiño Soto, fue condenado como coautor a apenas 28 meses de prisión y una multa, sin que se determinara jamás quién jaló el gatillo. El propio Martínez calificó esa sanción de "simbólica": el condenado no pisó una celda ni perdió su cargo. Frente a ese antecedente, la pena de 7 años impuesta a Núñez Zabaleta, con reclusión efectiva, representa un salto cualitativo en la respuesta del sistema judicial.

Existe también el caso de Néstor Rodríguez Rúa, expatrullero del Esmad condenado por matar a un menor de edad en Bogotá el 6 de mayo de 2005, y el de su superior, el mayor Fabián Mauricio Infante Pinzón, quien recibió 8 años y 6 meses por obstruir esa investigación. Pero se trató de una condena por homicidio, no por mutilación ocular.

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El trasfondo es aún más revelador: entre 2007 y 2016, la Policía registró 137 investigaciones disciplinarias internas contra agentes del Esmad por abuso de autoridad, de las cuales solo derivaron 12 fallos. La Procuraduría, por su parte, recibió 150 quejas en el mismo período y apenas profirió dos condenas. Mientras tanto, desde la creación del Esmad en 1999 y hasta 2022, cerca de 179 personas sufrieron lesiones oculares atribuidas a sus agentes, más de 100 solo durante el gobierno de Duque, sin que ninguna de esas situaciones hubiera alcanzado antes una condena penal efectiva por ese daño específico.


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