La JEP ratifica condenas a exguerrilleros y militares por crímenes de guerra en Colombia

En un paso trascendental para la consolidación de la paz estable y duradera en el país, la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ratificó en última instancia sus primeras sentencias condenatorias. Los fallos marcan un hito en la justicia transicional al confirmar las sanciones propias contra la antigua cúpula de las FARC-EP y un grupo de 12 militares en retiro.

El balance del fallo en clave de Derechos Humanos

Verdad sobre el secuestro

La JEP dejó en firme la condena al antiguo secretariado de las FARC por más de 21.000 secuestros, un flagelo que desgarró a miles de familias colombianas. En estricto respeto al debido proceso, la sala archivó el cargo de esclavitud debido a que no se surtieron las etapas de aceptación formal de este delito específico.

Justicia por ejecuciones extrajudiciales: 

Se ratificó la sanción contra 12 uniformados en retiro por desapariciones forzadas y homicidios presentados falsamente como bajas en combate, un avance crucial en la lucha contra la impunidad en crímenes de Estado.

El camino que falta: 

El tribunal de paz avanza con paso firme hacia el esclarecimiento de otras graves violaciones a los Derechos Humanos, tales como el reclutamiento forzado de niñas y niños, la violencia basada en género y los nexos entre agentes estatales y paramilitares.

La Sección de Apelación de la JEP dictó sentencia condenatoria contra el último Secretariado de la extinta guerrilla de las Farc-EP. Esta decisión representa un avance significativo para la Jurisdicción, para las víctimas y para los comparecientes condenados, pues sus condenas…

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 1, 2026
 

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Defender la institucionalidad de la paz frente a los desafíos políticos

La ratificación de estas sentencias se da en medio de un complejo panorama político, tras los resultados electorales de junio donde el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha manifestado su intención de eliminar la JEP.

Desde la judicatura, el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, defendió con vehemencia la autonomía e imparcialidad de la magistratura. 

Ramelli desvirtuó los discursos que acusan un sesgo institucional y recordó que la JEP aplica una justicia equitativa y simétrica, donde la severidad o el beneficio de la pena depende única y exclusivamente del compromiso real que cada compareciente —sea civil, militar o exguerrillero— demuestre con la verdad del conflicto.

Frente a un panorama histórico de más de 10 millones de víctimas que ha dejado la violencia armada en seis décadas, el fortalecimiento de la JEP se consolida como el mecanismo más robusto para garantizar que la memoria colectiva y la justicia restaurativa sea la prioridad.

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