Capturan a exgobernador de San Andrés por presunta extorsión a contratistas

El exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjorgreen, fue capturado en Barranquilla por su presunta participación en una red de extorsión y secuestro que habría tenido como víctimas a dos contratistas del archipiélago, según la información de la investigación.

De acuerdo con las indagaciones, el exmandatario habría contactado a integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Las Salsas Mexicanas’ para intimidar a los contratistas y exigirles el pago de $3.000 millones. La supuesta exigencia tenía como condición permitirles continuar con sus actividades comerciales y evitar posibles agresiones contra ellos o sus familiares.

Uno de los episodios investigados habría incluido la retención de una familiar de una de las víctimas, presuntamente como mecanismo de presión para obtener el dinero solicitado.

Tras la captura, una fiscal del Gaula, adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, presentará a Hawkins Sjorgreen ante un juez de control de garantías. Durante las audiencias, la Fiscalía le imputará los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo.

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Otro proceso por presuntas irregularidades en contratación

A este caso se suma una investigación relacionada con posibles anomalías en el manejo de recursos públicos durante la ejecución de un proyecto de mejoramiento urbanístico en el islote Haynes Cay, en San Andrés.

El pasado 15 de octubre, la Fiscalía radicó un escrito de acusación contra el exgobernador por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

El proyecto, cuyo presupuesto total ascendió a $11.125 millones, habría generado un presunto detrimento patrimonial de $4.330 millones. Según la investigación, las posibles irregularidades estarían relacionadas con sobrecostos, trabajos que no se ejecutaron ni fueron objeto de devolución, así como la falta de cobro de estampillas, impuestos y sobretasas.

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Los dos procesos judiciales avanzan por hechos diferentes: uno está relacionado con presuntas conductas de extorsión y secuestro, mientras que el otro se centra en posibles irregularidades contractuales y en el manejo de recursos públicos.

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