Gobierno expide decreto que regula la protesta social

La norma establece criterios para el uso de la fuerza pública, define conductas violentas y fija límites para proteger el derecho a la manifestación pacífica.
Gobierno expide decreto que regula la protesta social

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1525 de 2026, que establece nuevas disposiciones para regular la protesta social, horas antes de la primera jornada de movilización convocada contra su Gobierno.

La medida, denominada Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, modifica y adiciona disposiciones del Decreto 003 de 2021.

Durante su alocución presidencial, el mandatario resumió el objetivo de la norma en una premisa: garantizar el derecho de quienes se manifiestan pacíficamente y actuar frente a quienes incurran en actos violentos.

El presidente De la Espriella aseguró que la fuerza pública debe respetar a los ciudadanos que marchen sin agredir a otras personas. Sin embargo, advirtió que no permitirá bloqueos permanentes de carreteras, obstrucciones de carriles de TransMilenio ni agresiones o lanzamiento de objetos.

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El decreto define las conductas violentas

Uno de los puntos centrales de la disposición es la identificación de los comportamientos que pueden constituir actos de violencia, de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

Entre ellos figuran las agresiones contra personas, el lanzamiento de objetos o sustancias que puedan causar lesiones graves, la retención de ciudadanos contra su voluntad y la utilización de menores de edad, mujeres gestantes o lactantes en acciones violentas.

La norma también contempla los ataques contra bienes, los daños a la infraestructura pública o privada y las amenazas o presiones contra quienes se manifiestan pacíficamente o deciden no participar en las movilizaciones.

Además, establece disposiciones relacionadas con la obstrucción de vías, las afectaciones a infraestructura crítica y servicios esenciales, el corredor solidario y los daños graves ocasionados a terceros.

Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, señaló que el derecho a la protesta social debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes.

Eljach hizo un llamado para que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y recordó que el presidente de la República cuenta con facultades legales para preservar el orden público en todo el territorio nacional.

Reglas para la intervención de la fuerza pública

El decreto precisa las circunstancias en las que debe darse por terminado el diálogo y aquellas en las que puede ser necesario recurrir al uso de la fuerza.

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Con estas disposiciones, el Gobierno busca establecer criterios para la actuación de las autoridades durante las manifestaciones, con el propósito declarado de proteger tanto el derecho a la protesta pacífica como la integridad de las personas y los bienes.


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