La decisión judicial bloquea, por ahora, la aplicación de una ley del siglo XVIII invocada recientemente para justificar los traslados.
La norma en cuestión es la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada históricamente en escenarios bélicos como la Guerra de 1812 y las dos guerras mundiales. Trump decidió reactivarla el mes pasado para ordenar la deportación de migrantes señalados de ser parte de organizaciones criminales extranjeras. Los deportados iban a ser enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, el CECOT, generando fuertes críticas de organismos de derechos humanos.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) interpuso una acción legal que derivó en la decisión del máximo tribunal. La organización denunció que los detenidos estaban siendo privados del debido proceso y deportados sin derecho a defensa. Algunos afectados afirmaron haber sido arrestados sin pruebas y sin relación alguna con el Tren de Aragua.
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La Casa Blanca ha solicitado al alto tribunal que revoque la suspensión, asegurando que los tribunales inferiores han obstaculizado una medida necesaria para la seguridad nacional. Mientras se toma una decisión definitiva, los migrantes permanecen retenidos en centros de detención en Texas.
Este caso ha reabierto el debate sobre el uso de leyes antiguas para abordar temas migratorios contemporáneos, lo que también suscita preocupación internacional por el respeto al debido proceso y los derechos humanos.
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