A pesar de que los exlíderes guerrilleros han negado las acusaciones, la investigación concluyó que, como responsables principales de las Farc, tenían el deber de prevenir y sancionar estos crímenes.
El tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz ratificó la decisión por los delitos asociados con la esclavitud, el desplazamiento forzado, secuestro, entre otros.