“Esto es personal contra mí porque soy uribista”, así gritaba desde el segundo piso de un lujoso apartamento que pertenecía al narcotráfico, Carlos Arturo Escobar Marín. Un estafador en Estados Unidos convertido en importante empresario del mundo digital por parte del Centro Democrático en sus campañas y durante el Gobierno de Iván Duque.
La escena, captada en video durante un operativo judicial, fue compartida por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. En ella se ve a Escobar resistiéndose a un desalojo ordenado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que recuperó un inmueble de lujo incautado a la Oficina de Envigado, cedido de manera irregular a Escobar en 2021. Un apartamento de 389 metros cuadrados con piscina privada en el sector de El Poblado, Medellín, convertido en centro de operaciones digitales desde donde se orquestaban campañas de desinformación.
Este inmueble en el Poblado en Medellí nera de la mafia, pasó a propiedad del estado, pero Duque se lo dió a su amigo político. Lo recuperamos. SAE evaluará su uso en manos del pueblo.
pic.twitter.com/TViZmKq5nR— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 17, 2025
Una carrera criminal internacional
Carlos Arturo Escobar Marín comenzó su carrera delictiva en Estados Unidos bajo múltiples identidades falsas: Carlos Escobar, Walter Frank Pérez y Esteban M. Bullis. Entre 2004 y 2006 cometió fraudes bancarios con cheques falsos y tarjetas de crédito. Fue condenado en 2007 por un tribunal federal por fraude bancario contra Bank of America. Tras cumplir condena, fue deportado a Colombia.
Según documentos judiciales y revelaciones de La Nueva Prensa, así como la columna de Daniel Coronell en Semana, Escobar acumuló varios antecedentes penales en Estados Unidos, incluyendo cargos por robo de identidad y suplantación de identidad. Pese a ello, su historial no fue obstáculo para reinsertarse en Colombia como empresario digital, con acceso a entidades del Estado.
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La fachada de un estratega digital
En Colombia, Escobar fundó la empresa Praesidium S.A.S., especializada en marketing y manejo de redes sociales. Desde allí, según investigaciones de Qurium, La Nueva Prensa y La Silla Vacía, dirigió una red de desinformación conocida como “la bodega uribista”.
Escobar manejaba servidores privados como Priva60 y clonaba portales como Los Danieles o La Nueva Prensa, suplantando su diseño para publicar contenidos falsos. Controlaba decenas de dominios y cuentas falsas, con las que amplificaba ataques contra opositores del uribismo como Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y diversos líderes sociales. También se ha documentado su uso de estas redes para beneficiar a personajes como José Obdulio Gaviria, Miguel Uribe Turbay y Marta Lucía Ramírez.
En sus propias declaraciones, Escobar reconoció haber trabajado en la estrategia digital de Marta Lucía Ramírez en la consulta interna del uribismo de 2018. Fotografías suyas con Álvaro Uribe y conversaciones con figuras del Centro Democrático refuerzan sus nexos políticos. La cuenta de Twitter @Dr__Fausto, bajo su control, fue una de las principales herramientas de difamación durante varios años.
Del espionaje a los contratos públicos
El nombre de Escobar también apareció vinculado al caso de espionaje ilegal conocido como “Andrómeda”, durante el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC. El hacker Andrés Sepúlveda lo señaló como intermediario entre el Centro Democrático y estructuras de inteligencia militar. Aunque Escobar negó esa relación, la Fiscalía lo mantuvo bajo investigación por su historial como experto en delitos informáticos.
A pesar de su prontuario, Escobar obtuvo contratos públicos. En diciembre de 2019, la Agencia Nacional de Seguridad Vial le otorgó de forma directa un contrato por 899 millones de pesos a su empresa Praesidium S.A.S. para realizar una campaña de seguridad vial en época navideña.
El escándalo fue destapado por el periodista Daniel Coronell en su columna “El mejor regalo”, en la que denunció los antecedentes de Escobar y cuestionó la idoneidad de la contratación. La denuncia tuvo repercusión inmediata: la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez envió una carta al Ministerio de Transporte solicitando explicaciones y pidiendo suspender el contrato.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial anunció días después la terminación anticipada del convenio, citando presunto incumplimiento. El episodio reveló cómo una empresa dirigida por un exconvicto con conexiones políticas llegó a manejar recursos públicos sin control efectivo.
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Poder, impunidad y desinformación
Carlos Arturo Escobar Marín pasó por todas las escuelas del crimen posibles en su especialidad: crimen financiero, manipulación digital y acceso ilegal privilegiado a información de interés nacional. Desde un pasado tras las rejas en Estados Unidos hasta contratos con el Estado colombiano, su historia ilustra cómo las redes de desinformación pueden tener respaldo institucional y terminar devengando millones de pesos del erario, por concesión de quienes se han beneficiado posiblemente de sus acciones que sobrepasan el marco ético y podrían, incluso, clasificarse como delictivas.
Aún sin condenas firmes en Colombia, Escobar sigue siendo investigado por delitos informáticos, amenazas, suplantación, y vínculos con espionaje ilegal. Sin embargo, su trayectoria también evidencia las grietas institucionales que permitieron que una figura con amplio prontuario criminal llegara a operar desde la cima del entramado digital de la derecha.
