Denuncian a ‘Matador’ por presunto incumplimiento de un contrato de $216 millones durante el gobierno Petro

El caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como ‘Matador’, fue objeto de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por posibles irregularidades en la ejecución de un contrato relacionado con actividades de pedagogía para la paz, suscrito durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La denuncia fue presentada por Carlos Andrés Ríos Puerta, actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y consejero comisionado de Paz encargado. El documento pone bajo revisión los convenios celebrados con el caricaturista y plantea dudas sobre la correspondencia entre los servicios contratados, los informes de ejecución y los soportes entregados.

El caso se concentra en el contrato de prestación de servicios número 1937 de 2024, suscrito el 11 de octubre de ese año entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz y González Quiceno. El acuerdo se financió con recursos del Presupuesto General de la Nación y contemplaba inicialmente un valor de $257.040.000, distribuido en pagos mensuales de $21.420.000, incluido el IVA.

Sin embargo, el 19 de diciembre de 2024, las partes firmaron una modificación contractual que redujo el monto total a $216 millones, con mensualidades de $18 millones.

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¿Qué debía hacer ‘Matador’ con los recursos públicos?

El contrato tenía como propósito desarrollar una estrategia pedagógica sobre el Acuerdo Final de Paz a través de recursos gráficos y actividades educativas. Para ello, establecía una serie de compromisos que debían cumplirse durante el periodo de ejecución previsto de doce meses.

Entre las obligaciones contempladas estaban la realización de talleres en municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en zonas de Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), así como el acompañamiento a actividades de pedagogía de paz en los territorios.

También se incluían la participación en exhibiciones públicas de las caricaturas, la elaboración de materiales para producciones audiovisuales y la creación mensual de diez piezas gráficas animadas o murales.

A estas tareas se sumaban tres talleres interactivos al mes en colegios y universidades, además de la publicación de contenidos en las redes sociales del caricaturista. Esta última actividad buscaba divulgar los mensajes de la campaña y permitir la medición de su alcance.

¿Dónde están las dudas sobre el contrato?

De acuerdo con la documentación presentada ante la Fiscalía, las observaciones surgieron tras una revisión de los informes de ejecución correspondientes a doce periodos contractuales.

Según lo expuesto en la denuncia, durante ese análisis se identificaron posibles inconsistencias entre las fechas registradas para la facturación, los cobros efectuados y los documentos aportados como evidencia de las actividades realizadas.

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Estos elementos constituyen el fundamento de los cuestionamientos de la actual administración y deberán ser examinados por las autoridades competentes para establecer si existieron incumplimientos u otras conductas con relevancia penal.

La presentación de una denuncia, sin embargo, no equivale a una declaración de responsabilidad. Corresponde a la Fiscalía evaluar los documentos, verificar los hechos y determinar si hay motivos para avanzar en una investigación formal o adoptar otras decisiones dentro de sus competencias.