Gobierno radica proyecto de ley para implementar la Paz Total en Colombia

La iniciativa diferencia entre grupos políticos y bandas criminales, y garantiza penas mínimas para evitar la impunidad.
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 Paz Total: Gobierno radica proyecto de ley para implementarla
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El Ministerio de Justicia radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca dotar al Estado de herramientas legales sólidas y humanitarias para avanzar en los procesos de desmovilización, diálogo y justicia frente a los actores armados ilegales.

La iniciativa, liderada por el ministro Eduardo Montealegre, se constituye como el marco jurídico de la política de Paz Total del gobierno Petro, con el objetivo de contar con normas claras para lograr el desarme, la desmovilización y la reintegración de los grupos armados ilegales, respetando siempre los derechos de las víctimas.

Tratamiento diferenciado según el tipo de grupo

Uno de los aspectos centrales del proyecto es el tratamiento diferenciado que se aplicará a los distintos actores armados:

Grupos con reconocimiento político: A organizaciones como el ELN o las disidencias de las antiguas FARC se les reconocerá un carácter político para poder avanzar en negociaciones de paz formales.

Bandas criminales: A grupos como el Clan del Golfo se les aplicará un proceso de sometimiento a la justicia, con posibles beneficios jurídicos condicionados a su colaboración real, entrega de armas y ayuda para desmantelar sus estructuras.

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Beneficios condicionados y garantías contra la impunidad

El proyecto establece que los beneficios solo se entregarán si hay compromisos claros y verificables, incluyendo dejar de atacar a la población civil, contar la verdad sobre los hechos, reparar a las víctimas y comprometerse efectivamente con la reintegración.

"El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia", explicó el ministro Montealegre.

Una garantía fundamental del proyecto es que "Colombia debe tener la seguridad de que aquí no se está construyendo una alambrada de impunidad; siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad", agregó el jefe de la cartera.

La propuesta busca también corregir uno de los grandes problemas del sistema de justicia actual: la existencia de múltiples leyes desarticuladas que dificultan el enfrentamiento efectivo a los grupos ilegales.

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Esta iniciativa unifica criterios jurídicos, evita confusiones normativas y permite una actuación más efectiva por parte de jueces, fiscales y autoridades competentes.


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