Ley de sometimiento tendrá cambios por recomendaciones del fiscal general

Próximamente entrará en primer debate el proyecto de ley de sometimiento en el Congreso de la República.

La ponencia de ley de sometimiento acogió las recomendaciones del fiscal general Francisco Barbosa para evitar la impunidad de los miembros de organizaciones criminales.

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El senador Ariel Ávila, que participó en la construcción de la ley de sometimiento, explicó que no se realizará uno de los puntos que más generó polémica: las excarcelaciones masivas.

“No va a haber excarcelaciones masivas, las penas se mantienen de seis a ocho años en cárcel y cuatro años de pena supervisada, para un total de 10 a 12 años. Pero los que ya están en cárcel y que actualmente están pagando por crímenes graves, no tienen que pagar ocho años, sino pagar 10 años y además no va a ver excarcelaciones al que ya pagó 10 años, porque tiene que esperar por lo menos 2 años 12 meses o 18 meses, mientras se firma el acta de sujeción colectiva y luego un año supervisado en cárcel que contribuye para la verdad”, señaló el senador.

El senador aseguró que los criminales que cumplan con todos los requisitos, saldrían hasta dentro de dos años o dos años y medio de prisión, a partir de la aprobación de la ley de sometimiento.

“Para los rasos es lo mismo, siguen en cárcel y lo que se hace es que tienen que durar seis meses en pena supervisada dentro de la cárcel si colaboran y salen el proceso de reinserción, eso quedó supremamente claro”.

Foto: Colprensa

Más cambios a la ley de sometimiento

Otro de los cambios que se incluyó en la ponencia fue dejar completamente claras las etapas del proceso de sujeción a la justicia, que estarán a cargo de diferentes entidades del Estado:

“Se separaron claramente las etapas de este proceso, el proceso de acercamiento y conversación liderado por el comisionado, el proceso o la etapa de procesamiento liderada por la Fiscalía y la etapa de pena restaurativa liderada por la Fiscalía y por el Ministerio de Justicia”.

Ariel Ávila aseguró que no habrá reconocimiento político para las organizaciones que decidan someterse a la justicia, e ingresen a un proceso de desmovilización.

“Se estableció la diferenciación entre grupos armados rebeldes y grupos criminales de alto impacto, es decir, se ratifica que no hay ningún tipo de reconocimiento político tal y como se había pedido, entre otras cosas”.

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