Así lo anunció el secretario de general de la Organización, Antonio Guterres.

Expertos en derechos humanos de la ONU expresaron su indignación porque sigue funcionando esta prisión militar.

La Policía ofreció hasta 20 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables.

La Policía publicó las imágenes para ayudar a ubicar a quienes estarían tras las explosiones.

El informe revela que 76% de las víctimas murieron por heridas de bala.