Presidente Petro llama a denunciar a alcaldes que usen el catastro para despojar a campesinos de sus tierras

El presidente Gustavo Petro tomó la palabra esta semana para rebatir a quienes han encabezado las protestas en distintas ciudades del país contra la Resolución 2057 de 2025, norma que actualizó los avalúos catastrales en el marco de la implementación del Catastro Multipropósito, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.

A través de dos publicaciones en su cuenta de X, el jefe de Estado sostuvo que detrás de las manifestaciones no hay un interés genuino por proteger a los pequeños propietarios rurales, sino una estrategia para blindar a los grandes hacendados y terratenientes frente a obligaciones tributarias que, según dijo, llevan dos décadas sin actualizarse.

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Estas palabras estaban dirigidas a Tatiana Muñoz, señalada por el gobierno como una de las figuras visibles de las movilizaciones. Petro le reprochó haberse valido de la preocupación legítima de los pequeños propietarios para encubrir los intereses de quienes acaparan tierras improductivas, lotes de engorde en zonas urbanas y grandes haciendas sin vocación agropecuaria activa.

En su segundo mensaje, el presidente fue directo con los alcaldes, quienes tienen la facultad legal de fijar la tasa del impuesto predial junto con sus respectivos concejos municipales. Les pidió construir esquemas tributarios diferenciados: tasas altas para las propiedades de mayor valor económico y carga mínima para los campesinos, pequeños productores agrarios y dueños de vivienda de estratos 1, 2 y 3.

El mandatario también recordó que lo recaudado por concepto de predial permanece en los municipios y no llega a las arcas del gobierno nacional. De allí, argumentó, se financian servicios esenciales como el agua potable, la educación, la salud y el mantenimiento de vías locales.

Frente a la posibilidad de que la actualización catastral sea utilizada como pretexto para presionar el desplazamiento de comunidades campesinas en beneficio de grandes intereses económicos, Petro fue contundente: anunció que los alcaldes que, en alianza con sus concejos, impongan cargas excesivas a los campesinos con el propósito de desalojarlos podrán ser denunciados y removidos de sus cargos, pues esa conducta constituiría una violación del Acuerdo de Paz y una perturbación del orden público.

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La Resolución 2057 de 2025 forma parte del proceso de modernización del sistema catastral colombiano, orientado a que la valoración de los predios refleje condiciones reales del mercado y permita una distribución más equitativa de la carga tributaria territorial.

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