Las reformas a la justicia que podrían cambiar el panorama judicial

En lo que va corrido desde la instalación de la nueva legislatura se han radicado más de 100 proyectos de ley. Algunos modifican delitos, como el que propone el senador Jota Pe Hernández para endurecer las penas frente al hurto, y algunos cambio a la justicia en general.

El partido Cambio Radical apuntó en la Cámara a las modificaciones al sistema judicial. La primera es un proyecto de acto legislativo, que modifica algunos artículos de la Constitución, y la segunda es un proyecto de ley.

Descongestionar el sistema con las reformas

En la reforma a la Carta, proyecto 020 de Cámara, resaltan algunos puntos que, según el partido, buscan descongestionar el sistema de justicia y garantizar mayor seguridad jurídica. La iniciativa pretende, entre otras, reformar las fuentes del derecho, que son los aspectos en los que un juez debe basarse para llegar una decisión.

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Actualmente, la única fuente obligatoria es el “imperio de la ley”, que se entiende como todo el conjunto de normas que existe en el país. Cambio Radical propone que el otro sea el precedente judicial, que es una sentencia o un compilado de ellas que se haya referido a un tema en específico. Para la bancada, ese aspecto “es esencial para salvaguardar la igualdad y evitar así que cada juez aplique sus propios criterios”.

Además, la reforma busca “prohibir las tutelatones”, para que con ello “los jueces se concentren en las verdaderas violaciones a los derechos fundamentales” y no se permita el abuso de la tutela. El nuevo artículo menciona que “solamente podrán interponer una acción de tutela el titular del derecho afectado, su representante legal, su apoderado o agente oficioso”.

Un punto que no está precisamente bien sustentado es que “la tutela contra providencias judiciales no cuenta con reglas claras de aplicación”, pues ignora que por varios años la Corte Constitucional ha establecido criterios para que se interponga ese recurso. Entre otras, se ha mantenido la tesis de que no es un recurso adicional para analizar decisiones de fondo, sino para pronunciarse solamente sobre la violación de derechos fundamentales.

Cambio Radical también aspira a aumentar los años de experiencia para ser magistrado o magistrada de las altas cortes, aunque en 2015 se estableció en 15 años. La nueva reforma propone que sean 25, además de prohibirles litigar en la corporación para la que fueron escogidos e imponer un período de 12 años para desempeñarse.

Por último, el proyecto de acto legislativo quiere que la elección del Registrador, el Auditor General, el Procurador y los magistrados de la Corte Constitucional salgan de ternas de concursos de méritos en las que, aunque el Congreso tenga la última palabra, las altas cortes no participen.

Sin embargo, la iniciativa pretende que la Corte Suprema siga escogiendo al Fiscal General, pero ya no en una terna enviada por el Presidente, sino que resulte de otro concurso de méritos.

También plantea la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura para crear una nueva entidad “con enfoque gerencial” llamada Dirección de la Administración Judical, cuyo director será elegido por los presidentes de las altas cortes.

Entre otras entidades que se busca acabar, aparecen las contralorías departamentales, municipales y distritales, porque la descentralización con la que fueron creadas “hace que cada contraloría funcione como ente independiente”.

En el proyecto de ley 018 de Cámara, Cambio Radical busca desarrollar los cambios de la reforma constitucional e implementar otros que también, según lo que justifican, quieren descongestionar el sistema.

La iniciativa quiere eliminar la audiencia de imputación, pues considera que el juez de control de garantías en esa etapa es “un mero espectador de lo señalado por el fiscal” y “muchas veces” no le pregunta al imputado si desea aceptar cargos. Para la bancada, como eso “no existe en el sistema acusatorio puro norteamericano”, no es una instancia conveniente y “ha generado muchos problemas”.

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Sobre cambios de la reforma constitucional

En su lugar, propone una imputación por escrito, enviada a la persona procesada y a quien la defienda, y mantener al juez de garantías solo para legalizar la captura o pedir medida de aseguramiento.

También busca que el recurso de apelación en los juicios orales no se tramite por esa vía en una audiencia, sino por escrito en los cinco días siguientes a las sentencias. Otras modificaciones se dirigen al Código General del Proceso, el Estatuto Arbitral, el Código Disciplinario del Abogado, entre otras normas.

En el Senado, David Luna propone que las audiencias de legalización de captura no tengan que hacerse presenciales, que se considere un peligro para la comunidad a alguien con mínimo tres noticias criminales y que se impartan capacitaciones semestrales sobre la normativa en capturas.

Mientras tanto, el congresista Guido Echeverri radicó otro proyecto de ley para incorporar el trabajo en beneficio de la comunidad en el sistema penal, mientras que Fabián Plata propone una cátedra anticorrupción en instituciones educativas.

Colprensa.

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