Amenazas contra la comunidad de la U Pedagógica; Gobierno rechaza intimidaciones y pide garantías de seguridad en Bogotá

El Gobierno nacional rechazó las amenazas de muerte difundidas contra el rector de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Helberth Choachí, y otros miembros de la comunidad universitaria. La condena llegó a través del Ministerio de Educación y del Viceministro para el Diálogo Social, quien convocó de urgencia una reunión con la Alcaldía de Bogotá para atender la situación.

Los hechos se desencadenaron tras una serie de protestas estudiantiles relacionadas con las tarifas del transporte público en la capital. En ese contexto, circularon panfletos con amenazas directas contra el rector y los estudiantes, generando alarma en la institución y en el sector educativo en general.

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El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, no midió sus palabras al referirse a los operativos de seguridad desplegados contra los manifestantes: "Es más vándalo el que manda a jóvenes uniformados a golpear jóvenes con hambre". Con esa frase, el funcionario fijó la postura del Gobierno nacional frente a la actuación del Distrito y abrió un capítulo de tensión directa con la Alcaldía de Bogotá.

Es más vándalo el que manda a jóvenes uniformados a golpear jóvenes con hambre.

A la Alcaldía de Bogotá le hago un llamado a no estigmatizar a los estudiantes de las universidades públicas. No son vándalos quienes exigen sus derechos y el cumplimiento de las normas (Acuerdo 615… pic.twitter.com/KIENOJIBEk

— Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) May 11, 2026

En el mismo pronunciamiento, Rojas Medellín hizo un llamado explícito a no criminalizar la protesta social universitaria: "No son vándalos quienes exigen sus derechos y el cumplimiento de las normas. No son vándalos quienes no tienen ni para el pasaje hacia la universidad". El ministro aludió al Acuerdo 615 de 2015, norma distrital que regula el acceso al transporte público para estudiantes y cuyo incumplimiento está en el centro del conflicto.

Rojas Medellín cerró su intervención con una advertencia sobre los límites del uso de la fuerza: "Si la manifestación es pacífica, la respuesta del Estado no puede ser la violencia y el señalamiento contra los estudiantes".

El episodio ocurre en un momento de creciente tensión en Bogotá, marcado por operativos de seguridad en zonas de concentración estudiantil y por una oleada de movilizaciones que han generado fricciones entre manifestantes y autoridades distritales.

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 La reunión convocada por el Viceministro para el Diálogo Social busca articular una respuesta conjunta entre el Gobierno nacional y la administración distrital, con el propósito de garantizar la seguridad de la comunidad universitaria y distender el clima antes de que la situación escale.

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