Emergencia económica por El Niño: alistan congelamiento de deudas por $55 billones para el agro
Ante la inminente amenaza de un severo fenómeno de El Niño que promete ser el más intenso de las últimas décadas, el Gobierno nacional alista la declaratoria de un Estado de Emergencia Económica para congelar y reestructurar las deudas por $55 billones del sector agropecuario.
Esta medida excepcional, facultada por el artículo 215 de la Constitución y sujeta al control de la Corte Constitucional, busca salvar a miles de productores de cultivos clave de exportación suspendiendo temporalmente sus obligaciones bancarias sin afectar su historial crediticio.
¿Que es el decreto de emergencia?
La Constitución colombiana, en su artículo 215, le otorga al presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, la facultad de declarar un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica cuando ocurran hechos que amenacen de forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país, o cuando se presente una calamidad pública de gran magnitud.
Esta figura habilita al Gobierno para expedir decretos legislativos —con fuerza de ley, aunque de carácter temporal— dirigidos exclusivamente a atender las causas que motivaron la emergencia y a evitar que sus efectos se extiendan.
Cada declaratoria puede mantenerse vigente hasta por 30 días, y la suma de los periodos declarados en un mismo año no puede exceder los 90 días. Tanto la declaratoria como los decretos que de ella se deriven quedan sometidos a la revisión de la Corte Constitucional, lo que garantiza un control sobre el uso de estas facultades excepcionales.
El anuncio del Gobierno
Con este mecanismo como herramienta, el Ejecutivo alista una nueva declaratoria de emergencia económica para responder a los impactos del fenómeno de El Niño. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, informó a la Comisión Quinta del Senado que la medida se proyecta para el próximo lunes 28 de septiembre.
Uno de los ejes centrales de la declaratoria sería el alivio de las deudas del sector agropecuario, una cartera que asciende a cerca de $55 billones. Según explicó el ministro, la emergencia le permitiría a la Superintendencia Financiera autorizar a la banca para congelar el pago de esas obligaciones durante al menos tres o cuatro meses, en un esquema similar al aplicado durante la pandemia.
La idea es que los productores puedan suspender temporalmente sus pagos sin que ello afecte su historial crediticio. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura trabaja en una reestructuración de las deudas a plazos de hasta dos años.
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Sectores afectados y magnitud del fenómeno
Entre los sectores que estarían cobijados por estas medidas figuran flores, caña, café, cacao, palma, aguacate, cítricos, pasifloras y tilapia, actividades que, de acuerdo con el ministro Dangond, generan en conjunto cerca de US$11.000 millones al año en exportaciones.
El respaldo técnico para esta decisión proviene de las proyecciones del Ideam, que estima en más de 90% la probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre el último trimestre de 2026 y el primero de 2027. El instituto meteorológico elevó además al 75% la posibilidad de que este episodio termine siendo el más intenso registrado en los últimos 76 años, lo que anticipa fuertes presiones sobre el campo, el abastecimiento de agua, la generación de energía y los precios de los alimentos.
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Una emergencia que se suma a otra ya vigente
Esta nueva declaratoria no surge de manera aislada. Desde el 23 de julio, Colombia atraviesa una situación de desastre nacional decretada de manera anticipada por los efectos de El Niño 2026-2027, figura enmarcada en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esa declaratoria, vigente por doce meses, permite al Estado usar herramientas administrativas, técnicas y presupuestales para prevenir y atender los impactos del fenómeno climático.
La emergencia económica que ahora prepara el Gobierno es, sin embargo, una figura distinta: se trata de un estado de excepción constitucional que, a diferencia del desastre nacional, le da al Ejecutivo la potestad de legislar directamente mediante decretos para enfrentar la crisis, siempre bajo la vigilancia de la Corte Constitucional.
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