Gobierno revisará los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección

El presidente Abelardo de la Espriella anunció una evaluación técnica de los recursos de seguridad asignados por la Unidad Nacional de Protección. La medida busca verificar la existencia de riesgos reales, optimizar el gasto público y mantener la protección de quienes enfrentan amenazas comprobadas.

El Gobierno anunció una revisión de los esquemas de protección otorgados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para establecer si las medidas de seguridad asignadas responden a amenazas debidamente sustentadas. La instrucción fue impartida el 15 de octubre de 2026 por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quien advirtió que se retirarán los esquemas que no cuenten con una justificación técnica.

La decisión pone sobre la mesa la importancia de evaluar cómo se distribuyen los recursos destinados a la protección de personas en riesgo y de garantizar que estos respondan a necesidades verificables. Según el mandatario, ningún beneficiario estará exento de la revisión, independientemente de su identidad, actividad o posición política.

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¿Qué cambiará con la revisión de los esquemas?

La evaluación pretende identificar cuáles medidas de seguridad siguen siendo necesarias y cuáles podrían dejar de recibir respaldo estatal por falta de fundamentos suficientes. Para ello, se realizará un seguimiento continuo a las decisiones de la UNP.

De la Espriella aseguró que mantiene comunicación diaria con el director de la entidad para conocer cómo se asignan los recursos y comprobar que las medidas estén dirigidas a personas cuya situación represente un riesgo real.

Durante una intervención pública, el mandatario cuestionó que las denuncias difundidas en redes sociales puedan generar solicitudes de protección sin pruebas suficientes que permitan establecer la existencia de una amenaza.

En ese contexto, criticó los procedimientos que, a su juicio, conducen a asignar recursos de seguridad sin una evaluación previa adecuada y afirmó que su administración no permitirá que continúen esquemas que carezcan de sustento.

La protección seguirá siendo una obligación del Estado

Aunque anunció posibles retiros de medidas de seguridad, el presidente sostuvo que la revisión no busca desproteger a quienes realmente lo necesitan. Por el contrario, insistió en que las decisiones deben basarse en las condiciones de riesgo de cada persona y no en sus afinidades políticas.

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“Cuando se trata de proteger a los colombianos, no hay ideología ni partido. Es una obligación del Estado”, afirmó.

Este criterio sitúa en el centro del proceso la necesidad de distinguir entre solicitudes que requieren una respuesta urgente y aquellas que deben someterse a una verificación más rigurosa. La evaluación técnica será determinante para definir qué esquemas continúan vigentes y cuáles deberán desmontarse.

Para los ciudadanos, uno de los aspectos clave será conocer cómo se aplicarán los criterios de evaluación, qué procedimientos respaldarán las decisiones y qué garantías tendrán las personas que consideren que su vida o integridad están en peligro.

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