¿18 EPS desviaron 9 billones de pesos? Contraloría reveló informe

La Contraloría en su más reciente informe de auditoría anunció que abrirá una investigación a 18 EPS luego de encontrar desvíos de dineros por un total de 9 billones de pesos, que no fueron direccionados a los pacientes y servicios médicos, sino a sanar deudas de las prestadoras de servicios.

En el informe se explica que el Estado giró esa cantidad de dinero en medio de la pandemia, en los años 2020 y 2021, con el objetivo de brindar una mejor atención a los pacientes en medio de la emergencia del COVID-19.

Sin embargo, se encontraron irregularidades en el uso de este dinero por parte de 18 EPS de las 26 que tiene el país.

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«La conclusión principal es que se utilizaron recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por un valor cercano a los $9 billones en actividades no permitidas, como adquisición de inversiones. Se encontró así que algunas EPS pagaron deudas de otras vigencias. Lo que está prohibido«, dio a conocer la Contraloría.

Además, se espera que en los próximos 10 días se entregue otro informe final sobre los estados financieros de los prestadores de servicios médicos.

Informe de la Contraloría sobre estados financieros de EPS

🚨🗣️ La @CGR_Colombia entregó el segundo informe preliminar a los entes de control sobre el estado financiero de las EPS en Colombia. Según la entidad, se enfocó en los recursos que las EPS administraron durante pandemia.

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— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) April 8, 2024

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«El informe, referido específicamente a 18 EPS, se cierra en unos 10 días y por ahora se está a la espera de la respuesta que den las EPS a las observaciones de la Contraloría», dio a conocer el ente.

“Al informe y sus hallazgos se le hará traslado a los organismos de control para que se adelanten los procesos correspondientes«, dio a conocer el ministerio de Salud.

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Cabe mencionar que este informe será entregado en el marco de la reunión que sostiene Carlos Mario Zuluaga a la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Altas cortes para determinar incidencias, violaciones a derechos y demás irregularidades para la prestación del servicio médico hacia los pacientes y afiliados.