En un fallo considerado como un alivio para las organizaciones sociales y ambientales, un juez del Juzgado Promiscuo Municipal de Jericó, Antioquia, se negó a imponer medida de detención preventiva a once campesinos judicializados por protestar contra el proyecto minero Quebradona, liderado por la multinacional AngloGold Ashanti.
Los campesinos, conocidos ya como “los once de Jericó”, fueron señalados por la Fiscalía de haber cometido los delitos de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales durante manifestaciones realizadas en 2021.
Los hechos, según la denuncia de la empresa, incluyeron la detención temporal de trabajadores en un predio de uso público, la remoción de una plataforma de perforación presuntamente instalada sin autorización, y una mordedura provocada por un perro perteneciente a uno de los manifestantes.
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Sin embargo, el juez consideró que no era necesario imponer detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial, como había solicitado la Fiscalía. En cambio, los campesinos deberán cumplir con medidas no privativas de la libertad: no podrán salir del país, deberán mantener buena conducta y presentarse ante las autoridades cuando sean requeridos.
La decisión judicial llega en medio de un creciente debate nacional sobre la política minera del gobierno de Gustavo Petro, quien ha mantenido un discurso ambientalista, pero cuyo gabinete ha evidenciado fracturas internas. La reciente prórroga otorgada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) a la etapa de exploración del proyecto Quebradona –la tercera desde que inició– generó un fuerte malestar en sectores ambientalistas y la renuncia de una alta funcionaria de la entidad.
El caso ha captado la atención de organizaciones como la ONU y la Defensoría del Pueblo, que han solicitado garantías judiciales y respeto a los derechos humanos de los líderes campesinos, argumentando que su judicialización podría representar una forma de criminalización de la protesta social en defensa del agua y el territorio.
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Para los campesinos de Jericó y las comunidades del suroeste antioqueño que se oponen al proyecto minero, este primer revés judicial para la multinacional representa una victoria parcial, pero simbólica. Aún así, el proceso continúa y podría marcar un precedente clave en el tratamiento legal de las luchas sociales por el medio ambiente en Colombia.
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