Esta decisión se produjo luego de que el presidente presentara una tutela argumentando que, debido a su fuero constitucional, la investigación debía ser competencia exclusiva de la Cámara de Representantes.

El mandatario también acusó a los funcionarios que firmaron el documento de incurrir en el delito de prevaricato.

El presidente Petro dividió las acusaciones en tres categorías principales y proporcionó su perspectiva sobre cada una.

Socorro Oliveros, esposa del excandidato, funcionó como gerente de la campaña y permitió un ingreso irregular de 127 millones de pesos.

La investigación inició a raíz de una denuncia que señala la existencia de financiación ilegal y gastos no reportados durante la campaña electoral de 2022.