El Gobierno Nacional reglamenta adjudicación de tierras para mujeres campesinas

Este reglamento establece un programa especial de adjudicación de tierras, diseñado para mejorar las condiciones sociales y económicas de este sector fundamental de la población.

El Decreto, que también lleva las firmas de la vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, reconoce la importancia de las mujeres rurales no solo en términos económicos, sino también sociales, culturales y políticos.

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A través de esta medida, se busca consolidar el respeto y la garantía de los derechos de las mujeres que desempeñan un papel crucial en el desarrollo del país, especialmente en el ámbito agropecuario.

El programa se enfocará en el apoyo y la gestión de recursos a través del Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural, que trabajarán conjuntamente para estructurar, promover y facilitar recursos a las mujeres rurales.

Estas beneficiarias podrán acceder a créditos preferenciales para financiar sus actividades agropecuarias, mediante la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.

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La reglamentación establece una serie de criterios para priorizar a las mujeres que recibirán este apoyo. Entre los grupos seleccionados se encuentran:

1. Empresas comunales, cooperativas agrarias o formas asociativas dirigidas por mujeres rurales.
2. Mujeres con experiencia en actividades agropecuarias, ya sea de forma individual o en asociaciones.
3. Mujeres que forman parte de programas de reconversión o sustitución de cultivos ilícitos, o que administran tierras bajo la Agencia Nacional de Tierras.
4. Mujeres rurales, entre 16 y 28 años, o grupos organizados que desarrollan jóvenes actividades en el sector agropecuario.
5. Mujeres con formación técnica, tecnológica o profesional en ciencias agrarias que generan ingresos a través de estas actividades.
6. Mujeres rurales y campesinas víctimas del conflicto armado, así como líderes sociales.
7. Mujeres rurales y campesinas excombatientes, firmantes de acuerdos de paz o involucradas en procesos de justicia transicional.

Esta medida refuerza el compromiso del Gobierno colombiano con la equidad de género en el campo y busca reconocer el rol fundamental que las mujeres desempeñan en la economía rural, brindándoles las herramientas necesarias para que accedan a recursos y mejoren su calidad de vida.

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