Expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, fue condenada a 10 años de cárcel

La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Añez fue condenada este viernes a 10 años de prisión, acusada de haber realizado un golpe de estado en 2019 contra su antecesor, el izquierdista Evo Morales.

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz dio a conocer el fallo «de sentencia condenatoria» de 10 años, a cumplir en una cárcel de mujeres en La Paz, tres meses después del inicio del juicio y 15 meses después de que la exmandataria derechista fuera encarcelada preventivamente.

El presidente del tribunal, Germán Ramos, destacó en la lectura del fallo «la plena convicción» de los magistrados sobre la «participación y responsabilidad penal» de Jeanine Áñez y los demás imputados, que además deberán pagar un monto aún no especificado por supuestos daños al Estado.

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En su alegato final, Añez se había declarado inocente, señalando que el Tribunal «excluyó» pruebas que descartaban un derrocamiento de Morales en 2019. «Nunca busqué el poder», afirmó la expresidenta de 54 años, quien se define como «presa política».

«Hice lo que tenía hacer, asumí la presidencia por compromiso… Lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad», aseguró Áñez a los jueces del tribunal, que la visitaron en el penal de La Paz donde se encuentra recluida desde marzo de 2021.

«Todos saben que soy inocente», insistió la exmandataria, que gobernó entre 2019 y 2020, mientras decenas de manifestantes fuera de la cárcel reclamaban su condena.

Áñez fue condenada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. También fueron condenados a 10 años el excomandante de las Fuerzas Armadas William Kalimán y el exjefe de la Policía Yuri Calderón, ambos prófugos.

Foto: AFP / Aizar Raldes

Declaración de expresidentes contra Jeanine Añez

A Áñez se le imputó haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Tras varias interrupciones, el juicio se retomó el lunes y la Fiscalía pidió una condena de 15 años de cárcel para ella.

«Hoy se hizo historia. La señora Jeanine Añez fue sentenciada a 10 años… por la autoproclamación y la vulneración de las normas de sucesión constitucional» tuiteó el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo.

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Desde la oposición, la senadora Andrea Barrientos denunció en Twitter «un juicio ilegal con una descarada violación a los DDHH [derechos humanos]» y expresó su «solidaridad con la expresidenta y su familia».

Jeanine Áñez se descompensó durante algunas audiencias, estuvo dos semanas en huelga de hambre al comienzo de su juicio y se hizo cortes en un brazo en agosto de 2021.

Este viernes, un grupo de 23 expresidentes de países iberoamericanos pidió a la ONU y la Unión Europea «repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria».

Otro proceso contra Añez

Otra causa contra la expresidenta, por sedición, terrorismo y conspiración, se encuentra en etapa de investigación, por lo que aún no hay cargos formales.

Según uno de sus abogados, Luis Guillén, «se están siguiendo dos procesos por un mismo hecho», algo que viola un principio general del derecho.

Además, Guillén destacó que «no puede ser un tribunal ordinario quien decida qué es constitucional», pero un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional por ese motivo no tuvo éxito.

El abogado enfatizó que no corresponde juzgar a un exgobernante por la vía ordinaria, sino que debería realizarse un juicio de responsabilidades en el Congreso.

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Los denunciantes –el Gobierno izquierdista, la Fiscalía y el Congreso– argumentan que se están juzgando acciones de Jeanine Áñez previas a su gobierno, por lo que corresponde un juicio ordinario.

La exmandataria fue asimismo señalada por «genocidio» –que conlleva penas de cárcel de entre 10 y 20 años– a raíz de la denuncia de familiares de víctimas de la represión de noviembre de 2019.

Un grupo de expertos contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con Bolivia contabilizó 22 fallecidos en esos incidentes, que calificó de «masacres», y constató «graves violaciones de los derechos humanos».

Pero a diferencia de las otras acusaciones, este caso será tratado por el Congreso, que decidirá si se realiza o no un juicio de responsabilidades contra ella.

El informe de la CIDH también cuestiona la independencia del sistema judicial boliviano.

AFP