La Jurisdicción Especial para la Paz consideró nulos sus aportes a la verdad.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la libertad condicional al general en retiro, Mauricio Santoyo, quien fuera el exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe.
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La decisión se da luego de que la Sala de Definición de la JEP considerara que sus aportes a la verdad "no son suficientes". La JEP había citado a audiencia al general (r) Mauricio Santoyo por el Caso 08, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública en asocio con paramilitares y terceros civiles.
Lo que resolvió la JEP en el caso de Mauricio Santoyo
Específicamente, el proceso en contra de Santoyo es por los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. "La JEP no concede el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada al general (r) Mauricio Santoyo Velasco", expresaron a través de sus redes sociales. "La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas considera que sus aportes de verdad presentados en audiencia el pasado 21 de marzo no son suficientes", añaden en su mensaje.
El caso Santoyo
El caso Santoyo está relacionado con el general Mauricio Santoyo Velasco, un alto oficial de la Policía Nacional de Colombia. Santoyo fue jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe y estuvo involucrado en actividades delictivas, especialmente en colaboración con grupos paramilitares. En 2012, Santoyo se entregó a las autoridades estadounidenses y fue extraditado a los Estados Unidos, donde enfrentó cargos por conspiración para proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas, específicamente a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las investigaciones revelaron que Santoyo había estado proporcionando información y apoyo a estos grupos a cambio de sobornos. Santoyo se declaró culpable y fue condenado a 13 años de prisión en los Estados Unidos. Este caso puso de relieve la penetración de grupos criminales en las altas esferas del Estado colombiano y tuvo repercusiones significativas en la política y la seguridad del país. Además, generó controversia y debate sobre la responsabilidad y la supervisión de los oficiales de alto rango dentro de la Policía Nacional de Colombia.