Al excongresista del partido Cambio Radical, José Ignacio Mesa Betancur, la Sala le impuso una pena de 76 meses de prisión (6 años y 3 meses) y una multa equivalente a tres mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena de prisión. Además, le fue negada la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria.
De acuerdo con la investigación, Mesa Betancur se adhirió a la organización al margen de la ley conocida como ‘Autodefensas Unidas de Colombia’, particularmente, con la estructura denominada ‘Oficina de Envigado’, a través de su cabecilla Daniel Alberto Mejía Ángel alias Danielito y Gustavo Upegüi, con el fin de lograr apoyo económico y electoral para sus candidaturas a la Alcaldía de Envigado y al Senado de la República.
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Para la Sala, quedó acreditado que, con la finalidad de asegurar su designio electoral, el excongresista puso al servicio de la organización ilegal el andamiaje de sus funciones como servidor público para promover los intereses de esta y cohonestar el proyecto de expansión que abanderaba la organización ilegal, el cual consistía en permear las instancias del Estado.
Se encontró probado que la referida concertación se dio entre los años 1994 y 2006, cuando el contexto de dominación paramilitar imperaba en la ciudad de Medellín y en el Valle de Aburrá, el cual influyó en que los candidatos que aspiraran a ocupar cargos de eminencia, especialmente, aquellos de elección popular, lo hicieran bajo el beneplácito de la ‘Oficina de Envigado’, que, de acuerdo con su propósito de hacerse al poder y disponer de este según sus intereses, perfeccionó acuerdos con las autoridades y dirigentes en todos los niveles para garantizar la continuidad del dominio político y territorial.
“Siendo un dirigente político en el departamento de Antioquia, no reparó en aliarse con grupos armados ilegales y traicionar el deber que como servidor público tenía frente a efectivizar y dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado, dentro de los que se encontraba asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”, dice la sentencia.
Tal asociación del congresista con este grupo al margen de la ley tuvo vocación de permanencia y no se circunscribió a la ejecución de determinados delitos, pues se buscaba respaldar y favorecer a la estructura irregular desde la cúspide del poder.
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