Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota

Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fueron trasladados este martes a la cárcel La Picota, en Bogotá, por decisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Ambos permanecían hasta ahora en instalaciones de la Fuerza Pública.

La medida quedó establecida en la Resolución 008041 del 6 de octubre de 2026, firmada por el director general del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas. López se encontraba en el Cantón Caldas y Pinilla en la Escuela de Artillería, ambos en Bogotá.

El presidente Abelardo De la Espriella confirmó el traslado y aseguró que la decisión fue impartida directamente por él. En un mensaje divulgado en redes sociales, sostuvo que los procesados no recibirán un trato especial mientras avanzan sus procesos judiciales.

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“Di la orden y hoy se cumplió”, afirmó el mandatario, al señalar que los recursos involucrados en el caso estaban destinados a atender necesidades básicas de comunidades afectadas por emergencias, entre ellas el acceso al agua y la alimentación.

De la Espriella también afirmó que en su Gobierno no habrá “cárceles VIP” ni condiciones especiales para personas con poder, dinero o influencias. Según dijo, quienes estén privados de la libertad deberán permanecer en los lugares que correspondan conforme a la ley.

El traslado se produce en medio de la investigación por el escándalo de corrupción de la UNGRD, en el que López y Pinilla son considerados testigos clave. Ambos han colaborado con la justicia dentro de sus respectivos procesos.

La defensa de Pinilla cuestionó la decisión

La medida generó una reacción inmediata de Gustavo Moreno, abogado de Sneyder Pinilla. El defensor pidió al Inpec dejar sin efecto el traslado y aseguró que existe una decisión judicial vigente que ordena mantener a su representado en un centro de reclusión militar.

Moreno sostuvo que las decisiones de los jueces deben ser respetadas y cumplidas. También recordó que Pinilla decidió colaborar con las autoridades y advirtió que su condición de testigo exige adoptar medidas para proteger su vida e integridad.

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La controversia se centra ahora en la aplicación de la orden de traslado frente a la decisión judicial invocada por la defensa. Mientras el Gobierno defiende el cambio de lugar de reclusión como parte de su política contra los privilegios penitenciarios, la defensa de Pinilla sostiene que debe prevalecer la orden judicial que estableció su permanencia en una instalación militar.

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