Las expresiones de apoyo han llegado desde organizaciones sociales, autoridades indígenas y entidades del Gobierno Nacional, quienes reconocen en Chindoy no solo a una profesional comprometida con la verdad y la visibilidad territorial, sino también a una figura emblemática de los procesos de inclusión en los medios públicos.
Desde la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, se emitió un contundente mensaje:
¡No se puede silenciar la dignidad! Sandra Chindoy no solo es periodista. Es voz, rostro y fuerza de los pueblos indígenas que han sido históricamente silenciados. Es la primera presentadora indígena del país, y hoy enfrenta amenazas por ejercer su labor con verdad y orgullo.
Por su parte, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), a través de la Minga Indígena del Cauca, también condenó lo ocurrido:
Rechazamos las amenazas en contra del libre ejercicio del periodismo y la comunicación. Como Consejo Regional Indígena del Cauca, rechazamos todo tipo de amenazas, hostigamientos y actos de racismo en contra de la compañera del pueblo Kamëntsá Sandra Chindoy, del Sistema de Medios Públicos RTVC. Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones pertinentes y se proteja la vida e integridad de la periodista en su labor de comunicar y visibilizar la realidad de los pueblos indígenas de Colombia.
Las amenazas contra Chindoy se han presentado a través de redes sociales, donde se difundió una imagen de la periodista intervenida gráficamente con equis sobre los ojos y una marca simulada de “tiro de gracia” en su frente, acompañada de un mensaje irónico y ofensivo. Este hecho se suma a una serie de ataques anteriores que la periodista ha venido denunciando, sin que hasta el momento se hayan presentado avances significativos en las investigaciones.
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RTVC y su equipo de noticias han insistido en que estos actos no solo ponen en riesgo la integridad de una comunicadora, sino que también constituyen una amenaza directa contra la libertad de prensa y el derecho de los pueblos originarios a ser representados en los medios públicos.
El rechazo generalizado refleja una creciente preocupación por la seguridad de los periodistas que trabajan con enfoque territorial, así como por el respeto al derecho de informar sin ser objeto de violencia o discriminación.
Desde distintos sectores del país se reitera el llamado a las autoridades competentes a garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio libre y seguro del periodismo, especialmente en contextos históricamente marginados.
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