Las claves del Presupuesto General de la Nación que el Gobierno expedirá por decreto

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció que expedirá por decreto el Presupuesto General de la Nación para 2027, luego de que un error en el trámite legislativo impidiera que la Cámara de Representantes y el Senado aprobaran un texto idéntico. El Ejecutivo sostuvo que la situación no significa que el proyecto haya sido rechazado por el Congreso y aseguró que aplicará las disposiciones previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

El anuncio fue realizado por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quienes explicaron que el presupuesto se expedirá con base en el proyecto presentado por el Gobierno, incorporando las modificaciones discutidas y aprobadas durante el primer debate legislativo.

Con esta decisión, el monto del presupuesto para 2027 se mantendrá en $634,9 billones, al igual que la distribución de los recursos aprobada en esa primera etapa del trámite. También continuarán vigentes las facultades relacionadas con los traslados y la reorientación de partidas presupuestales.

Desde la Casa de Nariño, Restrepo defendió la decisión y aseguró que el presupuesto contempla los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado y la financiación de los programas sociales. “Este Presupuesto General de la Nación que vamos a decretar hoy es el presupuesto de la verdad, que sí incluye todos los gastos sociales y de funcionamiento del Estado”, afirmó. El vicepresidente también cuestionó la propuesta presupuestal del gobierno anterior, al señalar que fue rechazada por el Congreso porque, según él, no contemplaba las partidas sociales. “Fue un presupuesto mentiroso y no incluía las partidas sociales”, agregó.

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Un artículo impidió unificar los textos

El problema se originó durante la discusión del proyecto en las dos cámaras del Congreso. Aunque el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron textos prácticamente iguales, surgió una diferencia en el artículo 65, que terminó impidiendo que ambas corporaciones concluyeran el trámite con una versión común.

Durante el debate, el Senado retiró una proposición que había sido avalada inicialmente y que introducía cambios en ese artículo. Sin embargo, la Cámara terminó aprobando el mismo apartado con la modificación incluida.

La diferencia, aunque se limitó a una disposición, tenía consecuencias para el procedimiento legislativo: los textos debían pasar por una conciliación para unificar sus contenidos, pero ese paso no se llevó a cabo.

El representante John Edgar Pérez, coordinador ponente del proyecto, explicó que el trabajo se organizó a partir de bloques de artículos y proposiciones que habían recibido el aval del Ministerio de Hacienda y la aprobación correspondiente en el Senado.

Según su relato, el bloque de proposiciones que recibió para avanzar en la discusión todavía contenía la modificación del artículo 65. Esto habría provocado que la Cámara la aprobara, pese a que ya había sido retirada en el Senado.

Diferencias sobre quién tuvo la responsabilidad

La confusión también abrió un desacuerdo entre los responsables del trámite sobre el origen del error.

Desde algunos sectores del Gobierno se señala a los coordinadores ponentes, a quienes atribuyen la inclusión equivocada de la proposición en un bloque de artículos que no correspondía. Esa situación habría llevado a que la Cámara aprobara una versión distinta de la adoptada por el Senado.

Por su parte, algunos senadores responsabilizan al Ministerio de Hacienda, al considerar que la cartera debía llevar un registro actualizado de las proposiciones aprobadas y de aquellas que habían sido retiradas durante la discusión.

Las explicaciones apuntan a fallas en la coordinación y el seguimiento de los cambios introducidos durante el debate. La diferencia entre ambas versiones, sin embargo, fue suficiente para impedir la unificación del texto aprobado.

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¿Qué implica la expedición por decreto?

La decisión del Ejecutivo se fundamenta, según lo anunciado por sus representantes, en el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Bajo esa interpretación, el Gobierno expedirá el proyecto que presentó, con los ajustes aprobados durante el primer debate.

En términos presupuestales, esto significa que se conservarán tanto el monto de $634,9 billones como la distribución de los recursos acordada en esa instancia legislativa, además de las facultades de traslado y reorientación presupuestal contempladas.

El Gobierno insiste en que no se trata de un presupuesto hundido por el Congreso, sino de un proyecto cuyo trámite terminó con una inconsistencia entre los textos aprobados por las dos cámaras.

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