Thomas Greg & Sons vuelve a encargarse de las elecciones pesar de denuncias de fraude en 2014 y 2022

El presidente Gustavo Petro publicó este fin de semana una declaración en X en la que detalló por qué, en su criterio, los escrutinios de las elecciones de 2026 son vulnerables al fraude. El mandatario aclaró desde el inicio que su denuncia no parte de un pronóstico de derrota electoral. "No porque crea que nuestro proyecto democrático vaya a perder sino porque es mi deber como jefe del estado al menos informar sobre uno de los peores riesgos de la democracia hasta ahora construida", escribió.

El centro de la denuncia es la empresa Thomas Greg & Sons, a la que la Registraduría adjudicó un contrato por 2,75 billones de pesos para manejar el preconteo, la logística, la digitación y la consolidación de datos electorales de 2026. Sumados todos los contratos desde 2007, el Estado colombiano le ha entregado a esa firma 4,4 billones de pesos. "En mi opinión este es un hecho de corrupción mayúscula", sentenció el mandatario.

Veamos ahora la contratación de Thomas Greg and Sons de los hermanos Bautista en detalle.

Thomas Greg maneja las elecciones de Colombia desde el año 2007. La cifra de la licitación que ganó, la empresa colombiana Thomas Greg vale dos billones setecientos cincuenta y tres mil…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 1, 2026

Un fallo judicial incumplido desde 2018

El sustento jurídico de la denuncia es una sentencia de sala plena del Consejo de Estado —radicados 2014-00117 y 2014-00109-00— que en 2014 encontró 1.412 mesas saboteadas, 236.523 votos excluidos y tres curules robadas, con responsabilidad probada de Thomas Greg. En 2018, ese mismo tribunal ordenó a la Organización Electoral adquirir un software propio con trazabilidad completa desde la mesa hasta la declaratoria de la elección. El Presidente afirma que esa orden nunca se cumplió y que las elecciones de 2026 se inscriben bajo ese desacato.

Del fallo del Consejo de Estado, según el jefe de Estado, solo se ha cumplido el 15%. El 85% restante permanece igual. En ese escenario, Thomas Greg mantiene el control del preconteo y el escrutinio inicial: lo que la ciudadanía ve en pantalla el día de elecciones es lo que transmite esa empresa privada, no la Registraduría. El Consejo Nacional Electoral, señaló el presidente, controlará menos del 10% de las soluciones tecnológicas del proceso.

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Un monopolio privado y una licitación sin competencia real

De los 27 contratos electorales celebrados desde 2007, 26 han sido adjudicados a Thomas Greg. En la última licitación, de 17 empresas invitadas, solo una presentó documentos completos: la unión temporal liderada por Thomas Greg con el 59,9% de participación. Para Petro, eso configura un monopolio privado tecnológico de las elecciones, prohibido expresamente por la Constitución.

El presidente comparó los costos con los de Estados Unidos, Brasil y Corea del Sur —todos con software del Estado— y concluyó que Colombia paga entre el doble y el triple por elector. Solo por costos de escrutinio, Thomas Greg subió sus precios un 78%: de 155.000 millones de pesos en 2013 a 1,238 billones en la actualidad. Al final de cada contrato, advirtió el presidente Petro, "el contrato del software de preconteo y primer escrutinio es, en sí mismo, un sistema de corrupción usado por las clientelas que pagan a mafias dentro de la registraduría". La nación, recalcó, no queda con ningún activo: ni el software ni la tecnología revierten al Estado.

La MOE solo constata sin mucho ruido, que las leyes vigentes electorales son de antes de las nuevas tecnologías.

Al ser Thomas Greg el único proveedor, una sola falla el día electoral puede ser devastador y mandaría a un proceso manual, que hoy por hoy, sería más seguro.

El CNE…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 1, 2026

La auditoría que no se hizo y lo que viene

El mandatario cuestionó que el registrador Hernán Penagos no haya permitido una auditoría técnica independiente del software por parte de los partidos y las veedurías. La simulación realizada en un día no reemplaza esa verificación, que requiere días, acceso a los algoritmos y constancia física de que el software usado el domingo de elecciones sea el mismo que el auditado. Que el Procurador guarde una copia del código fuente, dijo el presidente, es un recurso mediático que no responde la pregunta de fondo.

En 2022, una testigo contratada por Thomas Greg en Pereira mostró que en 75.000 metros cuadrados la empresa opera una registraduría paralela y transmite datos hacia el escrutinio final en formularios que no son de la Registraduría. Ante esa realidad, el Presidente convocó a los testigos electorales del Pacto Histórico a impugnar la mayor cantidad de mesas posibles el día de las elecciones, para forzar la apertura de urnas ante jueces.

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