MinEducación exige protección urgente para la Universidad Pedagógica tras amenazas contra su rector

El ministro Daniel Rojas alertó sobre los riesgos de estigmatizar la educación pública y pidió al Distrito y al Ministerio del Interior actuar de inmediato.
 MinEducación exige protección urgente para la Universidad Pedagógica tras amenazas contra su rector

El Ministerio de Educación encendió las alarmas por la situación de seguridad que atraviesa la Universidad Pedagógica Nacional. En una comunicación formal dirigida al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y al ministro del Interior, Armando Benedetti, el titular de la cartera educativa, Daniel Rojas Medellín, exigió medidas urgentes para proteger a toda la comunidad universitaria, incluyendo al rector Helberth Augusto Choachí González, quien denunció públicamente amenazas contra su vida.

La solicitud se da luego de que el Consejo Académico de la institución suspendiera temporalmente las actividades presenciales en la sede de la calle 72, tras reportarse la presencia de personas armadas dentro del campus.

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En su carta, Rojas Medellín fue enfático en señalar el peligro que representan los discursos que asocian a las comunidades académicas con escenarios de violencia. "El señalamiento estigmatizante contra las universidades públicas ya produjo consecuencias dolorosas en la historia del país", advirtió, citando el Caso 52 del Informe Final de la Comisión de la Verdad, que documentó hechos de violencia contra estudiantes, profesores y trabajadores universitarios durante el conflicto armado.

Al Distrito le pidió reforzar la seguridad en las sedes universitarias. Al Ministerio del Interior le solicitó activar de manera inmediata la ruta de protección colectiva contemplada en el Decreto 660 de 2018 y coordinar con la Unidad Nacional de Protección el fortalecimiento del esquema de seguridad personal del rector.

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Con el propósito de activar mecanismos de investigación y seguimiento, el Ministerio también remitió copia de la comunicación a la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"El deber del Estado de proteger la vida y garantizar el derecho a la educación no admite dilaciones", concluyó el ministro Rojas Medellín.


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