Supertransporte reveló que se habrían impuesto presuntamente millones de fotomultas ilegales. ¿Cómo recuperar tu dinero?

La Superintendencia de Transporte abrió una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos como fotomultas.

Según informó la entidad, más de 7,5 millones de comparendos están bajo revisión y 5,8 millones podrían quedar sin validez.

Además, cerca de 1,5 millones de multas ya pagadas podrían dar paso a reclamaciones de devolución de dinero por más de $1 billón.  

Las actuaciones se originaron luego de que la entidad de transporte detectara posibles incumplimientos técnicos exigidos en la Ley 2251 de 2022 y en la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, especialmente relacionados con la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología.  

Entre las ciudades y municipios investigados aparecen Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Villavicencio, entre otros.

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¿Cómo reclamar el dinero de las fotomultas irregulares?

En entrevista con La FM, el superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, explicó que la devolución de recursos no será automática y que cada ciudadano deberá adelantar acciones jurídicas contra el organismo de tránsito que impuso la sanción.  

Según explicó el funcionario, los conductores podrán acudir a mecanismos como derechos de petición, acciones populares, tutelas o demandas administrativas para buscar la devolución de su dinero. Incluso, recomendó impulsar procesos colectivos entre afectados.  

“Yo pensaría que la mejor opción es generar una acción popular donde todos los afectados se unan”, afirmó Piñeres para esa misma emisora.

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¿Qué pasará con las fotomultas pendientes?

La Ley 2251 de 2022, conocida como ley Julián Esteban, establece que los organismos de tránsito deberán revocar los comparendos pendientes de pago cuando se comprueben incumplimientos técnicos, según afirma la emisora anteriormente nombrada.  

En consecuencia, más de 5,8 millones de comparendos podrían quedar sin efecto y beneficiar potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos.  

La Superintendencia también advirtió que las entidades investigadas podrían enfrentar sanciones equivalentes al doble de los recursos recaudados, cifra que superaría los $2,1 billones.

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