Resultados cuestionables de Daniel Noboa en seguridad por el aumento de la militarización y la violencia en Ecuador
La política de seguridad impulsada por el presidente Daniel Noboa, sustentada en estados de excepción, la participación de las Fuerzas Armadas y la declaración de un conflicto armado interno contra organizaciones criminales no consiguió frenar el incremento de la violencia en Ecuador, de acuerdo con los registros oficiales.
Según la información del Ministerio del Interior, entre noviembre de 2023, mes en que Noboa llegó a la Presidencia, y octubre de 2025 se contabilizaron 15.561 homicidios.
Esta cifra representa un promedio cercano a 22 asesinatos por día. Aunque en 2024 se observó una disminución temporal frente al máximo histórico alcanzado el año anterior, durante 2025 los índices volvieron a incrementarse.
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Aumento de la violencia en Ecuador
En 2025, Ecuador registró un nuevo repunte de los hechos violentos. Entre enero y julio fueron reportados 5.268 homicidios, lo que representó un crecimiento superior al 40% en comparación con el mismo periodo de 2024.
Asimismo, entre enero y abril las autoridades documentaron 3.084 asesinatos, de los cuales el 94 % estuvo relacionado con grupos de delincuencia organizada.
Las cifras difundidas por el Ministerio del Interior muestran que este incremento llevó a que 2025 cerrara con más de 9.200 homicidios, convirtiéndose en el año más violento de la historia reciente ecuatoriana.
La mayor concentración de estos hechos se presentó en las provincias de la costa, escenario de disputas entre organizaciones criminales por rutas estratégicas vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.
A la problemática de los homicidios se suma el aumento de delitos como las extorsiones y los secuestros, situaciones que han impactado a comerciantes, conductores del sector transporte y numerosas comunidades en diferentes regiones del país.
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Críticas por presuntas vulneraciones a los derechos humanos
La estrategia de seguridad aplicada por el Gobierno de Daniel Noboa también ha sido objeto de observaciones por parte de organismos internacionales.
En su Informe Mundial 2026, Human Rights Watch afirmó que desde enero de 2024 las autoridades han recurrido de manera reiterada al concepto de "conflicto armado interno" para respaldar medidas extraordinarias que han debilitado diversas garantías fundamentales, según la organización. Esta interpretación ha sido cuestionada igualmente por la Corte Constitucional.
La organización señaló que las acciones estatales contra el crimen organizado han estado acompañadas de denuncias relacionadas con presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y malos tratos atribuidos a integrantes de las fuerzas de seguridad.
Human Rights Watch también destacó el caso de cuatro menores detenidos por militares en Guayaquil en diciembre de 2024, hecho por el cual 17 uniformados fueron llamados a juicio en octubre de 2025 por una presunta desaparición forzada.
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Critica a la “mano dura” por parte del Estado ecuatoriano
Los resultados obtenidos han alimentado la discusión sobre la eficacia de una estrategia enfocada principalmente en la militarización y el fortalecimiento de las medidas represivas.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores opositores consideran que el aumento de la violencia evidencia la necesidad de impulsar acciones complementarias como la prevención, la inversión social, el fortalecimiento del sistema judicial y el combate a las estructuras financieras que sostienen al crimen organizado.
Mientras el Ejecutivo mantiene su postura de que enfrenta una guerra contra las mafias, los indicadores oficiales continúan mostrando que la inseguridad sigue siendo uno de los problemas más complejos y persistentes para la población ecuatoriana.
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