Gerente Hollman Morris denunció campaña de desprestigio y desinformación de Revista Semana contra RTVC

RTVC Noticias abrió su emisión de medio día de este domingo con una denuncia sobre una campaña de desprestigio y desinformación que, según la gerencia, busca golpear al sistema de medios públicos y al Gobierno Nacional. Esto a partir de una publicación de la Revista Semana que presentó como gasto individual en “maquillaje y fotografía” una cifra de 23.000 millones de pesos de un contrato entre RTVC y el Departamento Adminstrativo de la Presidencia -DAPRE-.

En la mesa estuvieron el director de Radio Nacional de Colombia, Alexei Castaño; el gerente de RTVC, Hollman Morris; la subgerente de televisión, María Paula Fonseca; Wilbert Raillo, subdirector de Noticias y el analista Guillermo Segovia. El segmento también incluyó la intervención de Luis Alfonso Leal, abogado de la cooperativa SAVI, señalada en el programa como contratista para la prestación de servicios audiovisuales.

Lo que RTVC desmintió sobre la cifra de 23.000 millones

El gerente, Hollman Morris, afirmó que RTVC no ha dicho ni ha confirmado que exista un contrato de 23.000 millones para un maquillador o un fotógrafo. Sostuvo que esa lectura fue instalada como titular y se difundió en cadena sin contraste con la entidad. “RTVC en ningún momento ha dicho ni confirma que haya un maquillador o un fotógrafo que le deban al Estado colombiano 23 mil millones de pesos. Eso es falso”.

A su vez, explicó que lo respondido por RTVC en un derecho de petición fue la existencia de un contrato ejecutado entre 2023 y 2025, cuyo valor total corresponde a servicios de producción, logística y cubrimiento audiovisual de actividades de Presidencia. “Hay un contrato suscrito desde el 2023 hasta el 2025 que le ha costado al Estado colombiano 23 mil millones de pesos por servicios varios de producción de televisión, viajes, etcétera”.

En su intervención, Morris afirmó que, tras la publicación inicial, otros medios replicaron la versión sin llamar a RTVC para contrastarla y sostuvo que ese efecto fue el crecimiento de una “matriz” de corrupción en redes y titulares.

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Contrato en SECOP y respuesta de la subgerencia de televisión

María Paula Fonseca sostuvo que la versión publicada tomó varios contratos de años recientes y los presentó como si fueran uno solo destinado a dos personas. Afirmó que el objeto contractual está publicado y describió su alcance como la adquisición y gestión de bienes y servicios para producir y transmitir contenidos audiovisuales del canal institucional para Presidencia.

“El objeto es el contratista se obliga… a prestar los servicios y realizar todos los trámites y gestiones que aseguren la adquisición de todos los bienes y servicios que requiere el canal institucional para llevar a cabo la producción y transmisión de los productos audiovisuales… de la Presidencia de la República”.

Fonseca también cuestionó otra afirmación que, según dijo, circuló como parte del relato: que el tema ya estaría bajo investigación de la Fiscalía. Señaló que, al momento de su intervención, RTVC no había sido notificado. “A la fecha nosotros no hemos sido notificados de ninguna investigación en la Fiscalía”.

SAVI, montos individuales y reacción del abogado de la cooperativa

En el mismo espacio, Hollman Morris vinculó el esquema contractual a la cooperativa SAVI y dijo que esa figura presta servicios audiovisuales para Presidencia desde 2006, en distintos gobiernos. RTVC presentó al aire a Luis Alfonso Leal como abogado de esa cooperativa.

Leal afirmó que los contratos de las personas mencionadas en la publicación no suman 23.000 millones y sostuvo que se sacaron de contexto. Señaló dos valores: uno por 25 millones y otro por 10 millones mensuales, y dijo que esas personas integran un componente de un servicio más amplio de transmisión de actividades presidenciales.

El abogado sostuvo que la publicación difundió “falacias” y afirmó que ese tipo de información tiene efectos sobre el buen nombre de trabajadores y podría derivar en acciones legales.

Evalúan un esquema de seguridad para periodistas de RTVC

El analista Guillermo Segovia sostuvo que la polémica no es solo sobre un contrato, sino sobre una disputa por legitimidad política. Dijo que se está construyendo una “infamia” para sugerir irregularidades a partir de detalles administrativos y vínculos familiares, y cuestionó que se trate como ilegítimo que funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro ocupen cargos públicos. También acusó a Revista Semana de promover “propaganda negra” y afirmó que el titular que circuló “no corresponde a la realidad”, por lo que pidió rectificación y acciones legales.

El gerente Hollman Morris afirmó que, “todos los días”, se construyen señalamientos para afectar la credibilidad del sistema de medios públicos. En ese contexto, mencionó crecimiento de audiencia y reconocimientos que, según dijo, amplían la brecha con el “relato hegemónico” de otros medios, y advirtió que la difusión de versiones falsas coincide con el ambiente electoral. Morris añadió que RTVC evalúa reforzar acciones jurídicas y un esquema de seguridad para periodistas ante el aumento de amenazas que atribuyó a la campaña de desprestigio.

María Paula Fonseca, subdirectora de televisión de RTVC, sumó a estos comentarios que Revista Semana ni siquiera tuvo la precaución de consultar la plataforma de contratación pública, donde se especificó en detalle la información de los contratos celebrados, que incluyen montajes televisivos, transporte de la producción y el personal, incluso por fuera del país, y el alquiler de equipamientos de acuerdo a la demanda.

¿Quién es el abogado Juan Carlos Portilla?

Wilbert Raillo, subdirector de Noticias de RTVC, centró su intervención en el abogado Juan Carlos Portilla y afirmó que su nombre aparece en el origen del relato que circuló tras la publicación de Semana. Raillo sostuvo que Portilla “se ha vuelto un asiduo panelista de los medios de derecha” desde noviembre del año pasado, cuando, según dijo, coadyuvó ante la Comisión de Acusaciones señalamientos contra el presidente Gustavo Petro, después de haber sido incluido en la lista OFAC.

Raillo agregó que Portilla acusó al presidente Gustavo Petro de “falsedad y lavado de activos” y sostuvo que la demanda que coadyuvó correspondía a la del abogado y hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella. “Hay que preguntarse cuál es el interés de la parte”, dijo Raillo en el programa.

En la misma línea, el abogado Luis Alfonso Leal, apoderado de la cooperativa SAVI, sostuvo que el uso de expresiones como “afortunada cooperativa” busca instalar sospechas sobre una organización de trabajo asociado y termina “deshonrando” un trabajo que, según afirmó, la cooperativa desarrolla desde 2004. Leal dijo que SAVI no tiene sede propia y que vive de sus contratos para pagar salarios, por lo que anunció que evalúan acciones legales para proteger su buen nombre y el de las personas que dependen de esa cooperativa.

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