¿En qué consiste la medida de urgencia manifiesta declarada en Cali?

En las últimas horas se conoció que durante tres meses regirá en Cali la medida de urgencia manifiesta, debido a la situación de orden público que vive la ciudad por cuenta de las movilizaciones sociales que tienen lugar desde el pasado miércoles 28 de abril, día en el que inició el paro nacional en el país.

Así quedó establecido tras la expedición del decreto 0233 del 2021 por parte de la Alcaldía de la capital vallecaucana. Pero ¿qué quiere decir esto? Te lo explicamos a continuación.

De acuerdo con este mecanismo, todos los organismos de la administración de la ciudad pueden contratar de forma directa servicios o la ejecución de obras, sin que haya lugar a contrataciones por licitación pública.

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Por supuesto, esto tiene un límite: los contratos deben estar relacionados con la situación que sustenta la urgencia manifiesta. En este caso puntual, la situación de orden público.

Así lo explica el propio decreto:

“Los ordenadores del gasto de los organismos de la Administración Distrital, al ejecutar los recursos para atender la crisis para atender la situación ocasionada por la alteración del orden público en la ciudad de Santiago de Cali bajo el amparo de la urgencia manifiesta decretada, lo harán con personas naturales o jurídicas de naturaleza pública o privada, entidades sin ánimo de lucro, que cuenten con la idoneidad y experiencia requerida”.

Y agrega:

“De tal manera que permitan generar acciones coordinadas tendientes a procurar la respuesta efectiva y en todo caso, respetando los principios que informan el ejercicio de la actividad contractual (…) a través de su declaratoria, la Administración se encuentra en mejor posición para reaccionar e intervenir las afectaciones que se presentan, de manera inmediata”.

Adicionalmente, el documento explica que, si bien la medida tiene como periodo estimulado tres meses, este puede ser extendido, siempre que “las condiciones de seguridad y orden público” así lo ameriten.

Vale precisar que todos los contratos celebrados en el marco de este decreto se someterán a control fiscal.