Gobierno abre la puerta a nueva emergencia económica tras inundaciones causadas por el frente frío en el Caribe

En la segunda jornada del Consejo de Ministros que sesiona este martes en Montería, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sostuvo que el Gobierno nacional necesitaría recursos adicionales para atender la crisis por inundaciones en Córdoba, Sucre y Bolívar, y planteó que la vía para reunirlos sería una nueva Emergencia Económica y Social.

Ávila dijo que la decisión se sustenta en el carácter excepcional de los hechos. “Estos son hechos claramente sobrevinientes e impredecibles y por eso hemos considerado que para atender esta coyuntura se hace nuevamente necesario el establecimiento de una medida de Emergencia Económica, con la que el Gobierno pueda acceder a recursos complementarios para enfrentar este hecho nuevo sobreviniente y excepcional”, afirmó durante el Consejo encabezado por el presidente Gustavo Petro.

El ministro señaló que los cálculos iniciales del Ejecutivo ubican la inversión requerida en el orden de los $8 billones. “Se ha venido cuantificando, en una estimación preliminar, que para la recuperación de la zona afectada se necesitarían cerca de 8 billones de pesos”, reiteró.

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Impuesto al patrimonio para personas jurídicas

El ministro de Hacienda anticipó que el eje central del paquete tributario sería un impuesto al patrimonio aplicado a personas jurídicas, con un umbral que, según explicó, busca excluir a la pequeña y mediana industria.

“Estamos planteando la necesidad de proponer en esta nueva decisión de Emergencia Económica una medida central, concentrarnos en la búsqueda de recursos a través de una medida tributaria, que sería un impuesto al patrimonio a personas jurídicas. Tendríamos el cuidado de que los sectores empresariales de la pequeña y mediana industria no se vieran afectados”, sostuvo.

Según el diseño presentado por Ávila, la base del tributo comenzaría “a partir de unos patrimonios líquidos de 10.000 millones de pesos”. Para 2026, explicó, se aplicaría “una tarifa marginal de 0,6 % (…) hasta 30.000 millones de pesos” y “por encima de ese nivel la tarifa será de 1,2 %”.

El ministro afirmó que la medida recaería sobre unas 15.000 empresas. “Esta medida la asumirán 15.000 empresas, que nos contribuirían con ingresos por cerca de 8 billones de pesos”, señaló.

Ávila también dijo que el Gobierno espera que el control constitucional valore la excepcionalidad del momento. “Esperamos que la Corte sea coherente con una realidad que es absolutamente obligatoria y evidente en el sentido de que es excepcional y sobreviniente frente a la realidad del país y que demanda de parte del Gobierno este tipo de medidas excepcionales”, afirmó.

Al final, el ministro subrayó que la emergencia climática se cruza con “un escenario de presión fiscal muy alta” para el Gobierno, lo que, en su argumento, obliga a buscar herramientas extraordinarias para financiar la recuperación en la región Caribe.

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