La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo de criminalización hacia pueblos indígenas y exige un enfoque intercultural en la atención a las familias Embera que permanecen en Bogotá por parte de la Alcaldía.

Sin embargo, esta situación tuvo señalamientos por la denuncia que hizo la secretaría de Gobierno a la comunidad Emberá por reclutamiento de niños. La Defensoría del Pueblo rechazó esta denuncia.

De las más de 2.000 personas del pueblo Emberá asentadas en cinco zonas de albergue en Bogotá, 1.330 han manifestado su intención de retornar a sus territorios, según la Unidad de Víctimas.

El director de la Unidad para las Víctimas estuvo coordinando el retorno de estas familias.

Según informó la secretaría de Salud, la mujer fue identificada como Francisca Borocuara.