Justicia
42 mil millones de pesos en contratos a dedo en el ICBF: Procuraduría investiga presuntas irregularidades
El ente de control denuncia la contratación irregular de servicios de educación para la primera infancia en el departamento del Magdalena.
(Viernes 26 de abril de 2024). La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) regional Magdalena, por presunto direccionamiento de contratos por $42.290.000.000.
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A primera hora de este viernes 26 de abril, el Ministerio Público dio a conocer la denuncia sobre presuntas irregularidades en la oficina regional de esa entidad.
«Habría desconocido las instrucciones impartidas desde la Dirección General del ICBF para contratar los servicios de educación básica a la primera infancia de Hogares Comunitarios de Bienestar», aseguró el ente de control.
Esto debido a que los contratos de ese tipo ya tienen asociaciones estipuladas para desempeñarlos, así lo aseguró la Procuraduría, «se establece que dichos contratos deben hacerse con Asociaciones de Padres de Familia (APF) o con grupos étnicos».
Sin embargo, la Procuraduría abrió la indagación ya que, «el equipo directivo de la regional del Magdalena habría adjudicado más de $42.290.000.000 a las mismas fundaciones que vienen operando este servicio desde hace mucho tiempo».
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Según el ente de control, las asociaciones competentes estaban disponibles para ejecutar los contratos. «Las asociaciones de grupos étnicos en la región, (Organizaciones Indígenas, asociaciones de padres y madres usuarias del servicio o madres comunitarias) se encontraban debidamente legalizados para contratar».
Entre las pruebas solicitadas por la Procuraduría están el listado de contratos entregados de manera directa por el equipo directivo regional, así como un informe en el que se determinen los funcionarios que han participado en dichos procesos de contratación durante la administración actual.
La @PGN_COL abrió indagación contra funcionarios del @ICBFColombia 📍Magdalena, por presunto direccionamiento de contratos por $ 42 mil millones.
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