ONGs han denunciado presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y malos tratos atribuidos a integrantes de las fuerzas de seguridad.

La Cancillería de Colombia afirmó que la eliminación de aranceles responde a decisiones de la Comunidad Andina y cuestionó que se vinculen asuntos comerciales con la coyuntura política.

La medida del Gobierno regirá entre el 30 de mayo y el 1 de junio como parte del Plan Democracia 2026, que busca proteger el orden público y el proceso electoral.

La carta denuncia las operaciones militares en la frontera con Colombia, donde se habrían presentado bombardeos sobre instalaciones civiles, torturas, desapariciones forzadas.

La decisión del organismo internacional aseguró que estos aranceles afectan el comercio subregional.