Las mujeres buscadoras de La Escombrera han exigido por años una búsqueda oficial en este sitio, señalado como una fosa común donde habrían sido enterradas víctimas del conflicto armado.

La JEP postuló a 22 personas ante el Tribunal para la Paz tras reconocer su responsabilidad en al menos 318 asesinatos presentados como bajas en combate.

El hallazgo confirma la denominación del lugar como fosa común y aviva el debate sobre las responsabilidades estatales en las operaciones militares de principios de los años 2000.

La JEP pidió $121.858 millones al Gobierno y Congreso para ejecutar sentencias restaurativas de Farc y fuerza pública; cabe mencionar, que ya fueron $20 mil millones.

Gracias a la JEP, crímenes como secuestros, reclutamiento forzado y los falsos positivos hoy tienen responsables, cifras y procesos judiciales. Algo que la justicia ordinaria nunca logró.