Inicia juicio contra dos generales retirados de la Policía por el magnicidio de Luis Carlos Galán

Treinta y cinco años después de la noche del 18 de agosto de 1989, cuando el candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento fue asesinado en plena plaza central de Soacha, la justicia abrió una nueva fase en la búsqueda de verdad y responsabilidades. Este martes 12 de agosto comenzó el juicio contra los generales en retiro de la Policía Nacional Óscar Peláez Carmona, quien para la época de los hechos era director de la Dijín, y Argemiro Serna Arias, segundo comandante de la Policía de Cundinamarca en 1989. En el banquillo también está el exdetective del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Héctor Ernesto Muñoz, conocido como alias ‘La Bruja’.

La Fiscalía los acusa de haber sido coautores del delito de homicidio con fines terroristas, del que fueron víctimas Galán y sus escoltas Julio César Peñalosa y Santiago Cuervo. La imputación incluye además el concurso heterogéneo con tentativa de homicidio contra Pedro Nel Angulo Bonilla, quien resultó herido en el atentado. Según el ente acusador, en la planeación y ejecución del crimen intervinieron miembros del Cartel de Medellín en alianza con agentes estatales del DAS y de la Policía Nacional.

El proceso se adelanta bajo la Ley 600 de 2000, correspondiente al antiguo sistema penal acusatorio, y está a cargo del Juzgado Segundo Especializado de Cundinamarca. En la primera sesión de juicio, el general (r) Peláez Carmona rindió interrogatorio ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos. El procedimiento estableció que las preguntas se harían primero por el juez, luego por la Fiscalía, después por el Ministerio Público y, finalmente, por las partes civiles acreditadas.

Un caso que lleva décadas en los estrados

El magnicidio de Galán, considerado un crimen de Estado por el Consejo de Estado en 2016, ha tenido un extenso y complejo recorrido judicial. El expediente que hoy llega a juicio contra Peláez Carmona y Serna Arias fue impulsado el 31 de mayo de 2021, cuando la Fiscalía 190 de la misma Dirección Especializada profirió resolución de acusación contra ambos como presuntos coautores del homicidio con fines terroristas. La decisión fue ratificada el 10 de octubre de 2022 por la Fiscalía 95 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.

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En paralelo, las defensas de los procesados mantienen una apelación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la negativa del juez a aceptar algunas pruebas solicitadas, lo que podría influir en el desarrollo del juicio. Pese a estos recursos, el proceso continúa, alimentado por las investigaciones históricas que señalan la convergencia entre estructuras del narcotráfico y sectores de la fuerza pública en la eliminación del dirigente político.

La alianza criminal que señala la Fiscalía

La acusación sostiene que el asesinato de Galán fue el resultado de un plan cuidadosamente coordinado entre el Cartel de Medellín y agentes estatales. En ese entramado, el DAS —hoy desaparecido— y miembros de la Policía Nacional habrían participado de manera activa para facilitar la operación, debilitando la seguridad del candidato y permitiendo que los sicarios actuaran con facilidad en el evento político de Soacha.

En el escenario del crimen, el 18 de agosto de 1989, las balas alcanzaron no solo a Galán, sino también a dos de sus escoltas, que murieron en el acto, y a un tercero que sobrevivió con heridas graves. La magnitud del ataque, sumada a las implicaciones de participación estatal, ha convertido este caso en uno de los procesos judiciales más emblemáticos en la historia contemporánea de Colombia.

Próximas audiencias y expectativas

Con el juicio ya en marcha, las próximas audiencias incluirán los interrogatorios a los otros procesados y la práctica de pruebas documentales y testimoniales que buscan reconstruir las decisiones y omisiones que hicieron posible el crimen. Las familias de las víctimas esperan que este proceso aporte elementos clave para consolidar una verdad judicial completa, que incluya la responsabilidad de todos los autores intelectuales y materiales.

El juicio avanza bajo la mirada de una opinión pública que, a más de tres décadas, sigue viendo este capítulo como una herida abierta en la democracia colombiana. Sin duda, una deuda histórica en la inconmensurable lucha contra la impunidad.