Conspiración contra el Presidente Petro: plan internacional para descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas

El cerco contra el presidente Gustavo Petro no solo se tejió dentro de Colombia. Según una revelación de la Revista RAYA, la operación para sacarlo del poder tenía un eje internacional: la descertificación del país en la lucha contra el narcotráfico, una medida diplomática con efectos devastadores que ya fue utilizada por Estados Unidos en los años noventa para aislar políticamente al entonces presidente Ernesto Samper. En esta nueva trama, el excanciller Álvaro Leyva sería el principal articulador.

La investigación de la Unidad Investigativa de RAYA, publicada este 13 de julio, revela el testimonio de un ciudadano estadounidense, de origen latino pero no colombiano, con nexos con sectores republicanos en ese país, quien aseguró haber sido testigo de múltiples reuniones en las que se habría discutido el plan contra el presidente Petro. Según su versión, uno de los primeros pasos consistía en promover ante congresistas de Estados Unidos, especialmente del ala más conservadora, una campaña para desacreditar al mandatario colombiano y exigir su reemplazo por supuesta incapacidad para gobernar.

La narrativa del “drogadicto” y la presión sobre la vicepresidenta

Uno de los elementos más alarmantes de la investigación es el testimonio según el cual Leyva propuso a congresistas estadounidenses impulsar públicamente la idea de que el presidente Petro era un “drogadicto”, incapaz de ejercer sus funciones. En paralelo, buscaba que el congresista Mario Díaz-Balart, figura clave del Partido Republicano en La Florida, solicitara ante el entorno de Donald Trump la descertificación de Colombia por supuesta falta de cooperación en la lucha antidrogas.

“Lo que se pretendía —según el testigo citado por RAYA— era crear un escenario de crisis institucional que permitiera una transición pacífica hacia un nuevo gobierno”. La investigación señala que en abril de 2025 la vicepresidenta Francia Márquez viajó a Nueva York para participar en el Foro Permanente de Afrodescendientes de la ONU, y que Leyva había intentado gestionar una reunión de la vicepresidenta con representantes del Partido Republicano.

Sin embargo, el testigo asegura que un político colombiano del suroccidente del país, identificado como “Adan”, fungía como enlace entre Leyva y diferentes personas. El mismo nombre había sido mencionado en audios revelados por El País de España días atrás, donde Leyva afirmaba que ya se había reunido con el Clan del Golfo y que era necesario un “gran acuerdo nacional” para sacar al presidente del poder.

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Las cartas contra Petro y la campaña internacional

El testimonio recopilado por RAYA coincide con la serie de cartas públicas que Álvaro Leyva publicó entre abril y junio de 2025. En esas misivas, ampliamente difundidas por figuras como Vicky Dávila y María Fernanda Cabal, el excanciller cuestionaba la salud mental del presidente Petro y sugería su renuncia. La tercera carta, fechada desde Varsovia, fue la más explícita en pedir su salida del poder.

Estas acciones hacían parte, según la investigación, de una estrategia diseñada para construir una narrativa de caos institucional. Leyva buscaba que políticos estadounidenses, como Mario Díaz-Balart y Carlos Gimenez, replicaran ese discurso ante organismos internacionales. Incluso, según el testigo, Leyva habría enviado a su hermana, Dorotea Leyva Durán —residente en La Florida— como enlace con el congresista Díaz-Balart, a quien se le entregaría una carta dirigida al secretario de Estado Marco Rubio.

La operación coincidió con la visita a Estados Unidos, el 24 de marzo, de una delegación de congresistas colombianos declarados opositores al presidente Petro. Entre ellos estaban Efraín Cepeda, presidente del Senado; Katerine Miranda, del Partido Verde; Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical; y Honorio Henríquez, del Centro Democrático, entre otros. Según RAYA, el testigo afirmó que en ese viaje se discutieron temas de coordinación para presionar una eventual descertificación de Colombia.

Descertificación: un castigo con historia

El uso de la descertificación como herramienta de presión política no es nuevo. En 1996, durante el gobierno de Samper, Estados Unidos aplicó esa medida alegando falta de cooperación antidrogas, lo que dejó al país aislado internacionalmente. La decisión, aunque presentada como técnica, tuvo motivaciones políticas claras. En contraste, países como México, con problemas más profundos de narcotráfico, nunca fueron descertificados por razones estratégicas.

Ese antecedente vuelve con fuerza en el actual contexto. En enero de 2025, Juan Cruz, exasesor de Trump, advirtió sobre una posible descertificación a Colombia. En abril, Kevin Whitaker, exembajador en Bogotá, afirmó que si el país no mostraba resultados concretos, recibiría sanciones. La propia excanciller Laura Sarabia admitió entonces que el Gobierno se estaba preparando para enfrentar ese escenario.

La amenaza se materializó parcialmente el 12 de julio, cuando Trump anunció un arancel del 30 % contra México por “no frenar el narcotráfico”. Leyva reaccionó en redes sociales afirmando que Colombia “no resistirá una medida similar” y que había que “actuar para salvar al país del caos”, lo que muchos interpretaron como una justificación de su plan contra Petro.

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La denuncia de Petro: “Una conspiración con narcotraficantes y políticos extranjeros”

El presidente Gustavo Petro había alertado sobre este plan desde mayo. El 7 de ese mes, tras un cruce con Trump por las deportaciones de migrantes encadenados, denunció públicamente la existencia de una conspiración internacional en su contra, en la que involucró a Álvaro Leyva, a narcotraficantes, a un poderoso empresario colombiano y al congresista Mario Díaz-Balart.

“No conozco cómo un senador de Estados Unidos, por muy de extrema derecha que sea, se le ocurre conspirar contra un presidente progresista latinoamericano al lado de políticos que han metido en el mismo complot a organizaciones narcotraficantes”, afirmó el jefe de Estado. Según el mandatario, en ese momento la Fiscalía ya tenía en su poder grabaciones de varias de estas reuniones.

Al día siguiente, Díaz-Balart respondió acusando a Petro de tener problemas de drogas y necesitar ayuda. Luego, el 14 de mayo, Carlos Gimenez —también vinculado al plan, según el testigo— arremetió contra el presidente por su acuerdo con China y replicó las mismas frases utilizadas en las cartas de Leyva: “Que pena con nuestros hermanos colombianos que tienen a un drogadicto en la presidencia vendiéndole el país a los chinos, comunistas y ladrones”, escribió.

Una estrategia para provocar el aislamiento internacional

Según el testimonio citado por RAYA, Leyva aseguraba que la presión internacional era clave para forzar la salida del presidente antes del 4 de julio. Decía que tenía “alineados a todos los actores armados y no armados en Colombia” para ejecutar el plan. Lo grave no es solo el contenido de estas afirmaciones, sino que muchas de ellas coinciden con lo que El País de España ya había revelado días atrás mediante audios y fuentes directas.

La descertificación no era una amenaza simbólica. Su objetivo, como en los noventa, era provocar un aislamiento jurídico, financiero y diplomático de Colombia, generando una presión interna insostenible sobre el Gobierno. Leyva, según el testigo, creía que si los políticos estadounidenses colaboraban, “la transición sería más fácil y se evitarían muchas muertes”.