Según el general Jorge Luis Vargas, el dinero sería utilizado para comprar armas, explosivos y contratar personas.

Vivanco tuvo una reunión con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en la que habría expuesto la situación.

Las autoridades de Tuluá dictaron toque de queda y ley seca, entre otras medidas, tras la noche de desmanes que vivió el municipio.

Varios edificios gubernamentales resultaron afectados bajo las llamas provocadas por encapuchados.

La decisión fue tomada tras la salida de Miguel Ceballos.