A dos días de la realización de la jornada electoral para consultas internas, en Cauca suspendieron más de 500 puestos de votación. El hecho generó el reclamo del movimiento indígena que emitió una declaración pública.
Publicado:
24 de Octubre 2025, 5:24 PM
A tres días de la consulta interna del Pacto Histórico, el Movimiento Unidad en Minga por Colombia denunció públicamente la suspensión masiva de puestos de votación en zonas rurales del país. En un comunicado dirigido a las autoridades electorales y de control, la organización exigió garantías para la participación democrática de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, especialmente en departamentos como Cauca, Valle, Huila, Putumayo, Nariño, Antioquia y Caldas.
“La participación política y pública resulta fundamental para la gobernanza democrática, el Estado de derecho y la inclusión social”, señala el documento. La organización advierte que la decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil de suspender puestos de votación en la ruralidad “atenta contra la participación democrática” y “cercena la participación política de los pueblos indígenas y de la ruralidad que le apuesta a las transformaciones”.
Cauca: epicentro de la exclusión electoral
El caso más crítico se registra en el departamento del Cauca, donde, según el Movimiento, se suspendieron más de 554 puestos de votación ubicados en zonas rurales. La medida, afirman, fue tomada sin consulta previa con las comunidades indígenas, lo que constituye una violación directa a sus derechos fundamentales.
“Ni en los tiempos más violentos de la historia del país había pasado esta situación”, denuncia el comunicado. La organización sostiene que la Registraduría “está legitimando la ilegalidad” al excluir a comunidades enteras del proceso electoral, y cuestiona si “la participación política es solo de las cabeceras municipales y no de las ruralidades”.
La crítica se extiende al Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las instancias de garantías electorales, a quienes se les exige actuar de manera urgente para revertir la medida y garantizar el derecho al voto en todos los territorios.
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Silencio institucional y exigencia de garantías
Hasta el momento, la Registraduría Nacional ha confirmado la instalación de más de 20.000 mesas de votación para la jornada del 26 de octubre, pero no ha ofrecido una explicación detallada sobre los criterios que motivaron el cierre o traslado de puestos en zonas rurales. La falta de claridad institucional ha generado preocupación entre líderes sociales y organizaciones políticas.
El Comité Político Nacional del Pacto Histórico exigió la apertura de los 13.405 puestos de votación acordados en la última Comisión Nacional de Garantías Electorales, incluidos los ubicados en corregimientos y veredas. “Cualquier intento de disminuir los puestos de votación es una violación al derecho constitucional de participación política y una agresión directa contra las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes”, afirmó la colectividad.
Sin voto rural, no hay democracia plena
La exclusión de las comunidades rurales del proceso electoral, más que un asunto técnico: es una decisión política con profundas implicaciones democráticas. En un país donde la participación de los pueblos indígenas y campesinos ha sido históricamente limitada, cerrar puestos de votación en sus territorios representa un retroceso en los esfuerzos por construir una democracia inclusiva. El Pacto Histórico encuentra en estos territorios sus bases políticas, fundamentales para la toma de decisiones y dirección política.
El Movimiento Unidad en Minga por Colombia ha hecho un llamado urgente al presidente Gustavo Petro, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa para que se garantice el derecho al voto en todos los rincones del país. “En minga por el país, por la defensa de los derechos”, concluye el comunicado.
